Silvia Majdalani le mintió a la justicia sobre el espionaje ilegal a una ONG

La ex subdirectora de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Silvia Majdalani, le mintió a la Justicia sobre militantes de una ONG que lucha contra las patentes medicinales, a quienes les fueron negadas las acreditaciones para la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que sesionó en diciembre de 2017 en Buenos Aires.

La primera denuncia de espionaje ilegal del gobierno de Mauricio Macri sobre opositores, periodistas, organizaciones sociales, sindicales y hasta religiosas fue efectuada por la actual gestión de la AFI, a cargo de Cristina Caamaño.

En esa causa, en la que la fiscal Paloma Ochoa acaba de pedir las indagatorias de Majdalani; de Gustavo Arribas; del ex director de Contrainteligencia Martín Coste y del ex jefe de Inteligencia Exterior Carlos Tonelli Banfi (hermano de Juan Martín, pareja de la ex vicepresidenta  Gabriela Michetti), hay una mención especial a la ONG Fundación Grupo Efecto Positivo.

Sus principales referentes, María Lorena Di Giano y Mariela Bacigalupo, fueron rechazadas como asistentes a la cumbre de la OMC. ¿Las razones? Un informe de inteligencia elaborado por la AFI describió que “la ONG pertenece a José María Di Bello y Alex Freyre (militantes K de DD HH)”.

Bacigalupo y Di Giano iniciaron una acción de habeas data ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para saber qué sabía el Estado Argentino sobre ellas como para negarles la participación a la Cumbre de la OMC. 

Pero no tuvieron éxito: “Al ser requerida, la AFI informó que las tareas de acreditación de los participantes de la Undécima Conferencia de la OMC no fueron labores que estuvieron a su cargo”.

Mintió. En las oficinas de la AFI fue hallada la copia de un oficio dirigido a la Agencia de Acceso a la Información Pública conteniendo una resolución emitida por Majdalani, “por la que se rechazó el reclamo” de Bacigalupo.  Tres áreas de la AFI intervinieron en el trámite, según se desprende de la documentación que está en manos de la fiscal Ochoa.

El 27 de marzo de 2019, cuando la cumbre de la OMC ya había pasado hacía rato largo, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 12 emitió una tardía resolución en la que rechazó la acción de habeas data.  Sobre la central de inteligencia, el fallo dice: “Por el régimen que le es aplicable y el carácter clasificado de la información que obtiene y analiza, se encuentra impedida de revelar la información que pudiera obrar en sus archivos”.

El 25 de junio, la Cámara confirmó el fallo y también se pronunció sobre la información que según las denunciantes, la AFI tenía ilegalmente sobre ellas: “Los planteos en los que refiere que se puede presumir que la AFI envió información a la Cancillería, resultan meramente conjeturales y, por ende, resultan insuficientes para admitir el hábeas data en su contra”.

Así, el Poder Judicial primero reivindicó el carácter secreto de la actividad de la AFI y, ante la insistencia de las dirigentes de la ONG, dijo que se trataba de “meras conjeturas”. Dicho de otro modo: primero consintió el oscurantismo y luego se desentendió de investigar si la denuncia era cierta.

Las denunciantes habían advertido que “el equipo de Seguridad de la Organización de la Conferencia Ministerial habría sido el que anticipó a la OMC la existencia de inscriptos que habrían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”.

La denuncia conducía directamente a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a la conducción de la AFI.  Nada se hizo.

La Fundación Grupo Efecto Positivo vio cercenada la posibilidad de llevar sus reclamos ante la OMC. ¿Cuáles eran esos reclamos? Uno de ellos, acaso el principal, la oposición al monopolio de las patentes medicinales por parte de las grandes empresas de la salud y los laboratorios. “Cuando las empresas obtienen una patente, eliminan la competencia y pueden fijar los precios de sus medicamentos y tecnologías médicas a precios imposibles de comprar. (…) Gracias a la presentación de oposiciones a patentes, hemos logrado que los monopolios de las compañías farmacéuticas no avancen, haya posibilidad de producir genéricos y bajen los precios. La presentación de oposiciones es una parte esencial del Programa de Acceso a Medicamentos y las realizamos en un trabajo articulado con otras organizaciones”.

Actualmente la ONG brega por el libre acceso de toda la humanidad en pandemia a las vacunas contra el Covid 19.

A los reclamos de esa organización ante el mayor escenario del comercio mundial, con mentiras y ocultamientos, el Estado argentino –con activa intervención de la AFI- le dijo “no”.

Rechazan la teoría del cuentapropismo en la AFI

La Fundación Grupo Efecto Positivo no fue la única entidad a la que el Estado, en manos de Cambiemos, espió ilegalmente. Según el dictamen de la fiscal Ochoa, “fue bajo el paraguas de dichos eventos (la Cumbre del G-20 y de la OMC) que personal de la AFI produjo, reunió, analizó y almacenó información relativa a periodistas, académicos, organizaciones sociales, sindicales, partidos políticos y referentes de todos ellos”.

Los eventos internacionales que se celebraron en Buenos Aires permitieron al gobierno de Mauricio Macri avanzar sobre “perfiles ideológicos, opiniones políticas, y de adhesión o pertenencia a determinada organización partidaria, social, y/o sindical” de periodistas y dirigentes sociales. Todo fue hecho “de modo manifiestamente ilegal por su objeto y en la medida que no medió orden judicial, ni se fundamentó de qué modo ponían en riesgo la seguridad de la Nación”, resumió la fiscal.

El dictamen rechaza la teoría del “cuentapropismo” en la AFI. Arribas y Majdalani “conocían el desarrollo de la actividad ilegal”. Y también desmiente que el objetivo del espionaje ilegal hubiera tenido como lógico y exclusivo objetivo la seguridad de Angela Merkel y Donald Trump. «