Sin consenso con la oposición, el proyecto sobre criterios epidemiológicos se tratará la semana que viene en el Senado

El proyecto de ley enviado por el Gobierno para establecer criterios básicos epidemiológicos que mitiguen la pandemia de coronavirus en el país obtuvo hoy dictamen de mayoría en el Senado y podrá ser debatido la semana próxima en el recinto. La iniciativa, a la que se le podrán introducir cambios en el momento de su discusión en el recinto, fue apoyada solo por el Frente de Todos.

Abogados constitucionalistas y médicos emitieron hoy opiniones cruzadas sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para establecer criterios básicos epidemiológicos que mitiguen la pandemia de coronavirus en el país, que se debate en un plenario de comisiones de la Cámara de senadores.

El subsecretario de Innovación Institucional y Legislativa de la provincia de Santa Fe, Mariano Bar, aseguró que con el proyecto de ley “el Congreso no pierde sus facultades” y ponderó “las herramientas de diálogo federal que incluye” la iniciativa. “No veo inconvenientes. Incluso al redactarse de manera tan abierta va a terminar limitando los poderes que se le otorguen al propio Ejecutivo”, opinó.

En cambio, el constitucionalista Roberto Gargarella explicó que en la Constitución “las leyes delegadas están prohibidas” y que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la semana pasada sobre la suspensión de las clases “toma a las provincias como preexistentes. No va a pasar un proyecto de ley que establece una vaguedad en tiempos de término. La idea de la consulta con los gobernadores es un problema en términos constitucionales”, explicó.

El exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi opinó que es llamativo que “además de los sacrificios que tenemos que hacer los ciudadanos, la parte de vacunación y testeos no se menciona en el proyecto”. “No parecen estar respetadas las autonomías provinciales. Tampoco parece respetarse la veda a la atribución de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Más allá de la enumeración de conductas prohibidas, el Gobierno puede cambiarlo reduciéndolo y ampliando y prorrogando con total libertad, más allá de la referencia a las consultas con gobernadores”, enumeró.

El abogado Domingo Rondina, presidente del Colegio de Derecho Constitucional de Santa Fe, aseguró que “no puede decirse que sea un proyecto de superpoderes. Este es el esquema más democrático que puede haber en una emergencia”, sostuvo.

El constitucionalista Daniel Sabsay afirmó que “toda facultad dada sobre el texto de emergencia debe ser interpretada en sentido restrictivo. El poder de policía en materia de salud y educación son facultades de las autoridades locales”, indicó. Su colega Félix Lonigro sostuvo que “este proyecto no purga la inconstitucionalidad del DNU del Ejecutivo porque la Corte determinó que es un problema de violación de autonomías locales. El Congreso tampoco tiene la potestad de violar esas autonomías”, sentenció.

En tanto, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez también afirmó que “no hay delegación en el corazón de la ley”, aunque luego admitió que “es una mini delegación que se le otorga al Presidente cuando se llegue a una alta intensidad de afectación del virus. En base a proteger el acceso a la salud, se le otorga al Presidente la capacidad de asumir medidas más restrictivas, previa consulta con los gobernadores, previo informe de la autoridad sanitaria competente y por el término de 21 días”, declaró.

El investigador del Conicet Guillermo Durán mencionó un estudio que se hizo en el último mes que demostró que “hay un descenso de la curva de casos confirmados, pero que fue más pronunciado en el conurbano. Las medidas restrictivas de mediados de abril que hicieron que en el conurbano se suspendieran las clases presenciales generó un descenso más pronunciado de casos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se mantuvieron las aulas abiertas”, afirmó.

En cambio, el médico Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Interamericana de Infectología Pediátrica, aseguró que “la restricción de la presencialidad” impacta “en los niños que tienen menos recursos”. Además, opinó que “las provincias tienen que tener testeos con un índice por debajo del diez por ciento para saber si deben o no avanzar en lo restrictivo”.

Por último, el médico intensivista Arnaldo Dubin, jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio Otamendi, aseguró que “lo único que va a ser efectivo son las restricciones. Estamos viviendo una situación de colapso sanitario y no tenemos que esperar a que los pacientes que se mueran en las calles”, remarcó.