Sin la Corte, el Gobierno avanza en el endurecimiento del Código Penal y buscará que la “cadena perpetua sea perpetua”

Dispuestos a volver a tener el control de la agenda mediática luego del escarnio público por los viajes en jets privados y las populosas comitivas presidenciales, el gobierno enviará este viernes una serie de proyectos legislativos para avanzar con su ambición de convertir a este en el “año más reformista de la historia”. Para ello, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció que finalmente se enviará la modificación del Código Penal, con el que buscarán aumentar significativamente todas las penas vigentes y garantizar la proporcionalidad entre los delitos bajos, medios y altos.

La noticia se dio a conocer apenas un par de minutos después de que finalizara una reunión que se mantuvo en secreto hasta bien entrado el mediodía. Este martes, después de varios cambios en la agenda, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, concretó su postergada reunión con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, con la excusa de jurar ante ellos como nuevo funcionario. 

Durante el cónclave, el abogado ligado a la Asociación de Fútbol Argentino les hizo saber a los magistrados que una de las prioridades del gobierno es completar las más de doscientas vacantes aún vigentes en juzgados federales de todo el país, con los tribunales de Familia, Civil y Penal como prioridades. Si bien todas las partes califican al encuentro como “óptimo”, lo cierto es que las contra intuiciones no tardaron en aparecer.

Según confiaron a este medio fuentes al tanto de la conversación entre los barones de derecho, Mahiques prometió a la Corte que será sentada en la mesa de discusión por la reforma del Código Penal que, les aseguró, todavía estaba en discusión. Tamaña sorpresa se llevaron los magistrados cuando, apenas un puñado de minutos más tarde, el jefe de gabinete anunció el envío del proyecto ya cerrado y sin margen alguno de modificaciones externas. En el gobierno, por lo pronto, mientras algunos hablan de malicia y estrategia por parte del ministro, otros se apresuran a advertir impericia. La cartera de Justicia no respondió las preguntas de este medio sobre la situación.

Con o sin la Corte, Javier Milei ordenó avanzar a paso firme con las modificaciones sustanciales del código que pretende aprobar en las próximas semanas. El proyecto, según anticiparon a Tiempo, será presentado en el Senado junto con la modificación de la Ley de Discapacidad, para luego, una vez que las leyes de propiedad privada sean aprobadas en Diputados, la cámara baja trate la aprobación final de la ley Penal sin sobresaltos.

Según el panorama que prevén en diversos despachos, en el Senado la aprobación del texto se obtendrá con la colaboración de las más de 40 bancas que, por obra y gracia del pragmatismo, el gobierno logró reunir durante el período extraordinario. El PRO, la Unión Cívica Radical y los gobernadores volverán a tener un rol central. La circunstancia, en tanto, se replicaría en Diputados, donde también se sumarían las bancadas federales. El peronismo, por su parte, se mantendrá en una posición combativa y buscará, tal como en la reforma Penal Juvenil, impulsar su propio proyecto.

Nuevo Código Penal: suben todas las penas y se mantiene el aborto

Como adelantó este medio meses atrás, entre los cambios sustanciales que el Ejecutivo buscará modificar en el nuevo Código Penal está el endurecimiento de las penas para delitos bajos, medios y altos. Uno de los cambios más sustanciales es la aplicación de la cadena perpetua como tal y no como se aplica hasta ahora, con penas máximas de hasta 37 años de prisión para homicidios agravados u 50 años para casos en los que exista acumulación de pena. “Hasta ahora, por destrucción semántica, la justicia se negó a aplicar la perpetuidad de las penas. Con esta reforma, perpetua es perpetua. Para siempre y sin tope”, dijo a Tiempo una fuente al tanto del proyecto.

En este mismo sentido, la modificación prevé una suba de las penas para homicidios simples (actualmente fijada entre 8 y 25 años), al tiempo que se “ordenarán” los cargos por atenuantes y agravantes de los delitos cometidos. Sobre este punto, el proyecto de ley que se presentará en los próximos días advierte que aquellos reos que cometan un homicidio contra un menor de 18 o un mayor de 65 años, tendrán penas aún mayores. Lo mismo ocurrirá para quienes cometan un delito contra docentes o policías en funciones.

En tanto, el nuevo código tendrá un apartado detallado para los delitos de corrupción, que pasarán a tener penas graves y gravísimas de acuerdo al delito cometido. En este punto, el gobierno buscará eliminar la prescriptibilidad de este tipo de crímenes, que hoy es hasta diez años después del hecho. Lo mismo ocurrirá con los casos de corrupción de menores, sustracción, retención, y ocultamiento de menores con fines sexuales, trata de menores, trata de personas, secuestros extorsivos, atentados al orden constitucional y al sistema democrático, procesos contra organizaciones criminales, delitos contenidos en la Ley Antimafia, terrorismo y financiamiento del terrorismo, tráfico y contrabando de estupefacientes. 

También, se eliminarán los beneficios sustitutivos para todos los delitos menos los medios y bajos. En este sentido, las suspensiones de juicio a prueba y los juicios abreviados dejarán de ser permitidos de aplicación para los casos graves, al tiempo que quienes reciban el cumplimiento de prisiones preventivas dejarán de tener la posibilidad de que las mismas sean excarcelables, dado que el aumento de todas las penas habilitará a que haya mayores delitos penados con reclusión de la libertad.

Si bien desde hace tiempo el oficialismo buscaba modificar el régimen penal, el retraso para promocionar el tratamiento del mismo se debió, como siempre, a una cuestión política. A mediados del año pasado, cuando la redacción del mismo estaba casi lista, diputados y senadores de La Libertad Avanza y bloques aliados hicieron llegar a importantes despachos de la Casa Rosada su negativa por votar la vigencia de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, incluída en el actual texto desde diciembre del 2020. Estas bajas, más que significativas, impidieron al Ejecutivo avanzar con la modificación por falta de número para, incluso, iniciar el tratamiento.

“Hay diputados que la cuestión religiosa los ata por más que la cuestión partidaria, dejaron en claro que si la ley incluía aborto, no acompañaban”, dijo a Tiempo una fuente al tanto de las relaciones entre la Casa Rosada y el parlamento. Esa alerta fue suficiente para que los equipos técnicos del oficialismo comenzaran a trabajar a contrarreloj para reescribir el proyecto que, finalmente, no modificará todo el código, pero sí una parte sustancial del mismo. De esta forma, la nueva ley mantendrá la IVE dentro de las regulaciones, misma circunstancia que ocurre con la figura de femicidio, vigente en el inciso 11 del artículo 80 del actual código, que se mantendrá como motivo de aplicación de pena. 

La redacción de este nuevo código penal estuvo a cargo del saliente viceministro de Justicia y actual procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. Durante más de un año, ambos letrados trabajaron para pulir el texto final con el que el oficialismo pretende marcar a fuego su línea discursiva frente al delito. “La única inflación que queremos para la Argentina es la penal”, sintetizaron orgullosos desde las arcas del oficialismo.