Sin ley ni orden: crece la falta de control sobre las empresas tercerizadas de la Ciudad

En 1842 se fundó el Partido de la Ley y el Orden en Rhode Island Estados Unidos, una facción política de corta duración que nació como respuesta a la Rebelión de Dorr, un conflicto civil  liderado por Thomas Wilson Dorr que exigía el fin de las restricciones coloniales que impedían votar a los hombres que no poseían propiedades.

La historia oficial cuenta que en el medio se crearon gobiernos paralelos, enfrentamientos armados y que finalmente las fuerzas de Dorr fueron masacradas por la milicia estatal en Chepachet en junio de 1842. Dorr fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua, a los dos años lo indultaron tras la presión social. Creó una coalición política y ganó las elecciones a gobernador desplazando a los conservadores del poder.

Casi 200 años después, no es casual que la frase “Ley y orden” sea el caballito de campaña de Jorge Macri. Un eslogan que utiliza cada vez que reprime a sectores vulnerados, quita mercadería a vendedores ambulantes o desaloja a miles de familias despojadas de propiedades.

Como contrapunto, un sinfín de informes con datos oficiales evidencian que el macrismo aplica la “ley y el orden” sólo para los sectores postergados y “hace la vista gorda” sobre empresas privadas que manejan los servicios y obras de la Ciudad.

Algunos casos a modo de ejemplo: la entrega de alimentos a Centros de Primera Infancia, jardines comunitarios y merenderos también está tercerizada. Un relevamiento analizó varias licitaciones públicas con presupuestos millonarios: en 2024 era de $ 185 mil millones, y el actual de 2026 de $ 311 mil millones. Las empresas adjudicatarias del servicio son Compañía Alimentaria Nacional S.A., Biocam Catering S.A, Friends Food S.A, Bagalá S.A, Arkino S.A, Teylem S.A, Codyela S.A y Servicios Integrales de Alimentación S.A.

Los detalles son preocupantes, más teniendo en cuenta que esos alimentos son consumidos por niños y niñas en etapas de desarrollo temprano. Entre las falencias detectaron: controles bromatológicos insuficientes, debilidades de trazabilidad, inspecciones incompletas, informalidad administrativa y ausencia de procedimientos formalizados, respecto a la entrega de alimentos.

Según el informe, “el 25% de las adjudicatarias no realizó los análisis mensuales” de bromatología exigidos por el pliego de contratación.

La auditoría, además, detectó que el gobierno porteño sólo verificó remitos pertenecientes a 10 efectores sobre un total de 698, lo que evidencia una capacidad limitada de control sobre el volumen total de entregas realizadas.

En el primer año de gestión de Jorge Macri, otro informe de la Auditoría porteña reveló graves irregularidades en el control de plagas bajo la órbita de la Dirección General de Limpieza. Detectó la falta de controles sobre empresas privadas que realizan la fumigación, mientras el presupuesto creció un 436% sin respaldo técnico claro.

Otro informe publicado recientemente advierte que la actual gestión no realiza los controles necesarios sobre la empresa EMOVA que maneja la red de subtes. Entre las falencias destaca la ausencia de un circuito formal de control de obras programadas con decenas de trabajos que EMOVA no realizó; falta de cobro de penalidades y la existencia de un registro contable irregular.

Respecto a la recolección de basura, otro relevamiento conjunto realizado con el Observatorio Metropolitano indica que el servicio es caro y está fuera de control. El presupuesto asignado este año supera los $ 1,09 billones anuales pero, pese al monto, existe una marcada falta de control estatal sobre las empresas concesionarias, lo que denota en calles sucias, olores nauseabundos, roedores e insectos en casi toda la Ciudad.

Obras sin control

Otros dos informes auditaron los trabajos y proyectos en el sur de la Ciudad en los dos primeros años de gestión de Jorge Macri. Uno correspondiente a las obras de refuncionalización del Autódromo Oscar y Juan Gálvez . Otro, sobre las obras de Mejoramiento en la Villa 21-24 y el restante sobre las obras en el Parque Olímpico.

En estos casos el gobierno porteño delegó sus responsabilidades en AUSA (Autopistas Urbanas); en Villarex S.A.(21-24), en la propia Dirección General de Obras y luego en asesorías privadas (parque olímpico). Las dos auditorías señalan un patrón común: ausencia de control por parte del gobierno y mecanismos de excepción.

Para las obras del autódromo Oscar y Juan Gálvez, el presupuesto total acordado fue de U$S 35.028.472 —equivalente a aproximadamente $ 31.210 millones al tipo de cambio de mayo 2024— con un plazo de 18 meses por contratación. El financiamiento corrió a cargo de la Secretaría de Deportes del GCBA.

La auditoría detectó que el 84% del monto del Contrato Interadministrativo de Obra (CIO) y el 100% de la Adenda posterior no tuvieron reflejo en las cuentas del GCBA. El presupuesto se ejecutó a través de asignaciones parciales —transferencias puntuales desde el GCBA hacia AUSA— sin que el compromiso plurianual total figurara como tal en la contabilidad oficial. En definitiva: el Estado firmó un contrato por U$S 35 millones que en gran parte no aparece en su propio presupuesto.

Respecto a las obras en la Villa 21-24, el organismo detectó fallas de control, demoras y uso discrecional de fondos públicos durante el primer año de gestión  de Jorge Macri.

El análisis incluyó obras por un total de $ 1440 millones, distribuidas entre la licitación pública N° 05/23 – destinada al “Mejoramiento en viviendas y obras complementarias”-  y gastos tramitados a través del Decreto 433/16, utilizados para tareas de refuncionalización de viviendas, infraestructura eléctrica y sanitaria.

Sobre la licitación principal, por $ 1042 millones, adjudicada a Villarex S.A., el GCBA no informó la cantidad de viviendas a intervenir, su localización precisa ni el detalle de las tareas previstas. Es decir, “una obra de gran escala sin información básica disponible para el control”, explican desde el organismo de control.

A esto se suma otro dato relevante: la ejecución registró una demora de 292 días, lo que impactó directamente en los tiempos de respuesta. La Auditoría advierte, además, que la problemática no solo se vio afectada por la dilación administrativa, sino también por la subejecución de los trabajos comprometidos.

En paralelo, el informe señala el uso del Decreto 433/16 por $670 millones para financiar obras similares. “La normativa establece que este mecanismo debe utilizarse exclusivamente en situaciones de urgencia, ya que permite omitir procedimientos previstos en la Ley 2095 de compras y contrataciones de la Ciudad”, explican desde la auditoría. Sin embargo, éste organismo detectó un uso extendido que no se condice con ese carácter excepcional. «