La liquidación del organismo desregula la actividad online en la que se concentra el negocio del sector y podría dejar 200 empleados más en la calle.
El decreto incluyó una batería de medidas en distintas áreas. En el caso de Lotería Nacional, el gobierno entiende que «el poder de policía en la materia es de carácter local», por lo cual «no existen razones jurídicas ni resulta oportuno mantener en vigencia los juegos que actualmente explota Lotería Nacional».
Analía González, delegada de ATE en Lotería Nacional explicó los pormenores del caso, en charla con periodistas de radio Del Plata. «Somos 200 trabajadores. El año pasado éramos 800, pero con la creación del LotBA (Lotería de la Ciudad de Buenos Aires) prácticamente nos vaciaron. Todos los juegos pasaron a la órbita de la Ciudad. Sólo nos dejaron el Prode y la Grande de la Nacional». Ahora, ya ni eso queda.
«Todos los juegos y la recaudación pertenecen a la Ciudad, la región más rica del país. Es una caja que pretendían hace años», apuntó la delegada, en relación con el macrismo. Sin embargo, la razón de fondo no se reduce al traslado de la caja. «El juego online no puede ser controlado desde una sola provincia o territorio. Tiene que ser controlado por un ente federal, porque la mayoría son ‘webs.ar», advirtió.
Con la desaparición del ente nacional, se cae toda posibilidad de tener un organismo de control que regule esa actividad. «No tenemos idea de la enorme cantidad de dinero que mueve el juego online y es dinero que se lava, que va al exterior (…) Los empresarios no quieren un control estatal y las mafias, mucho menos».
Para González, «la función de un organismo estatal es recaudar para que, a través de Desarrollo Social, vaya a los hospitales, a las escuelas y a planes sociales. Los trabajadores no queremos que se cierre. Todo lo contrario. Pero la idea política es otra».
La política de desregulación y ausencia de controles tiene un alcance cada vez más general y conlleva la promoción de nuevos negocios a través de la tercerización y la privatización.
Cabe recordar que en diciembre del año pasado, los bingos de Daniel Angelici presidente de Boca y principal operador judicial del presidente Macri se vieron beneficiados por una medida cautelar que los eximió de pagar el impuesto a las ganancias.
En la cautelar, Angelici argumentó que ese tributo es «confiscatorio» para toda la industria del juego. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, le dio la derecha. «
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