Sin motivos, el gobierno quiere deportar a los extranjeros detenidos en la represión de Congreso

Hubo una cacería y luego un intento burdo por justificarla. En el caso de los cuatro inmigrantes detenidos en el marco de la violenta represión desatada afuera del Congreso mientras se debatía el presupuesto, los argumentos, propagados por el gobierno nacional y replicados por los medios hegemónicos, fueron que los venezolanos integrarían los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro; el turco sería un activista contra el G-20, y el paraguayo formaría parte de un grupo anarquista de Asunción.

La realidad es que de todo lo alegado, nada se pudo probar. Lo que se sabe, en cambio, es que Anil Baran, una de las 27 personas detenidas e imputadas por «atentado y resistencia a la autoridad, daño y lesiones», es un turco de 27 años que vive en Villa María, Córdoba, que está casado con una argentina y que eso le confiere el estatus de residente permanente en el país.

“Se vino ayer (por el miércoles) desde La Plata, donde se estaba  hospedando porque tenía que hacer un trámite en la embajada de su país. Ese día se levantó, tomó el tren al mediodía y a las dos de la tarde llegó a Constitución. Caminó por Lima y al llegar a San Juan vio las motos de los policías yendo hacía él a escopetazos limpios. Se asustó y dobló por Humberto Primo. Allí otro grupo de uniformados lo detuvo. Anil no entendió por qué. Él habla castellano, pero hasta ahí”, cuenta la abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial (Correpi), María del Carmen Verdú.

La misma suerte de Anil corrieron tanto Felipe y Víctor Puleo Artigas, unos venezolanos de 31 y 23 años, como Luis Fretes, un paraguayo de 26.

“Los cuatro fueron detenidos al voleo en la zona de Constitución cuando se encontraban realizando distintas actividades y trámites personales, y fueron liberados en la madrugada del viernes al igual que todos los detenidos en la represión del miércoles”, agrega Verdú.

Con respecto a los ciudadanos caribeños, el sitio La Tabla, de Venezuela, informa que “los hermanos se identifican con la oposición venezolana y participaron activamente en las protestas violentas contra Nicolás Maduro entre febrero y mayo de 2014”.

En tanto, el jefe del bloque peronista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, se mostró a favor de que los extranjeros detenidos durante la represión en las inmediaciones del Congreso «estén listos para salir del país».

«Espero que los cuatro extranjeros, los dos venezolanos, el paraguayo y el turco ya estén en el Departamento de Migraciones listos para la salida del país. Un país en serio debería actuar así», dijo y enseguida aclaró que no tiene «ninguna mirada xenofóbica».

A lo que dijo Pichetto, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo respondió, “Si él quiere echar a los inmigrantes, entonces habría que haber echado a sus padres”.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró durante una entrevista con radio La Red que “el turco y los venezolanos no son ciudadanos argentinos. Justo estaban por vencer sus posibilidades de seguir en el país como turistas. Todavía están bajo la Justicia, pero ya hablamos con el director de Migraciones (Horacio García) y lo más posible es que sean expulsados del país”.

También el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se pronunció ante la amenaza del gobierno. «La ley de migraciones prohíbe la expulsión inmediata. Ni siquiera en el DNU, declarado inconstitucional, una detención es causal de expulsión. En este caso, no existe una decisión judicial firme que habilite el inicio de un trámite de expulsión», afirmaron. 

A su turno, en conferencia de prensa en Casa Rosada, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que el Gobierno «está en contacto con el juez y el fiscal para tener un juicio abreviado y que «los dos venezolanos, un paraguayo y un turco detenidos” sean deportados lo antes posible.

La causa por los incidentes durante el tratamiento del presupuesto se tramita en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 a cargo de Federico Tropea. Entre jueves y viernes, los 26 detenidos deberán presentarse en sede judicial para cumplir con la declaración indagatoria.