Sipreba rechaza privatización de medios públicos y convoca a asambleas

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) calificó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado hoy como «ilegal, ilegítimo e inconstitucional«, consideró que la norma implica «una avanzada sin precedentes sobre los derechos de los trabajadores y sus organizaciones» y rechazó una eventual privatización de los medios públicos, al defender el «rol social» que cumplen.

Con el lema «La soberanía, las leyes laborales y los medios públicos no se entregan«, el Sipreba convocó para hoy mismo asambleas en la TV Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam.

«Desde el Sipreba vamos a defender los derechos laborales de todo el gremio de prensa, los convenios colectivos y el Estatuto del Periodista Profesional frente al DNU que pretende entregar la soberanía nacional y representa una avanzada sin precedentes sobre los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, le decimos si al rol social de los medios públicos y no a las sociedades anónimas», dijo el sindicato que dirige Agustín Lecchi en un comunicado de prensa.

El gremio explicó que el DNU -publicado hoy en el Boletín Oficial- «establece que las empresas del Estado pasan a ser sociedades anónimas» y aclaró que «esta disposición, en lo que respecta a Agencia Télam, Radio Nacional, Televisión Pública y Contenidos Públicos, no tiene validez jurídica».

«En términos generales, porque no existe razón objetiva que justifique la urgencia por la que se evita el trámite legislativo correspondiente y las propias declaraciones del gobierno nacional indican que se convocará de inmediato a Sesiones Extraordinarias del Congreso, también, porque la Ley 20.705 estableció el carácter de sociedades del Estado, lo que impone la intervención legislativa para cualquier modificación sobre dicho estatus, y, en particular, respecto de RTA por cuanto la Ley 26.522 establece su régimen jurídico», detalló el comunicado.

El DNU, anunciado anoche en un mensaje por cadena nacional del presidente Javier Milei, establece que las sociedades o empresas con participación del Estado se transformarán en sociedades anónimas, para su posterior privatización.

Para el Sipreba, «no cumplidos los recaudos que exige el art. 99 inciso 3ro. de la Constitución Nacional, al no verificarse circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, y en tanto el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo, el decreto adolece de nulidad absoluta e insanable».

«En ningún caso la función pública que cumplen los medios públicos puede ser reemplazada por sociedades comerciales fundadas en el lucro y el negocio, incompatibles con el derecho fundamental a la libertad de expresión y comunicación contenido en el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos», indicaron en el texto del comunicado.

En esa línea, remarcaron que «la actividad de los medios públicos es insustituible e indelegable y tienen la protección del sistema constitucional de derecho, como el trabajo de quienes desempeñan tareas en estas empresas, con derecho a la estabilidad», y resaltaron que «ninguna situación de emergencia económica puede motivar esta decisión con carácter de urgente cuando los medios públicos representan el 0,017% del Producto Bruto Interno (PBI)».

«Esta decisión tiene un carácter ideológico, político y simbólico, con el que La Libertad Avanza pretende arrogarse una supuesta política de reducción del Estado y evitar discutir los verdaderos problemas que tiene nuestro país, como la desigual distribución del ingreso, que produce grandes niveles de pobreza y en los próximos meses crecerá, como nunca en nuestra historia, en consecuencia de las políticas económicas de este mismo gobierno», añadieron en el texto.

El sindicato de prensa sostuvo además que el DNU es «ilegal e ilegítimo, ataca el derecho a la información que garantizan los medios públicos en todas las sociedades democráticas, en distintos lugares del mundo, bajo gobiernos de los más diversos signos políticos, por lo tanto, representaría un retroceso para nuestro país en materia de derechos a 40 años de democracia».

«Los medios públicos garantizan libertad de expresión, pluralidad y diversidad de voces en la agenda mediática, acceso a temas de interés público de manera gratuita, federalismo y son una herramienta para nivelar la concentración que existe en el ecosistema de medios de la República Argentina. Por eso vamos a defenderlos, con su carácter actual, como sociedades del Estado, y realizaremos todas las acciones que estén a nuestro alcance, en unidad con todos los sindicatos de la comunicación y del Estado», concluye el comunicado.