Solicitan al BCRA que informe sobre los compradores de dólar futuro

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió este miércoles al juez Sergio Torres que recabe información sobre quiénes compraron dólar a futuro en las operaciones que volvió a realizar el Banco Central desde el 2 de mayo pasado, en su desesperado intento por contener la cotización de la divisa estadounidense. Esa información incluye nombres de los compradores y montos de las operaciones, además de las modalidades en que se concretaron.

Di Lello replicó lo que la semana pasada ya había hecho el tribunal oral federal número uno, que tiene encomendado el juicio por las operaciones de dólar futuro realizadas por el anterior gobierno, también para evitar la disparada del dólar. En aquel caso, un juez de primera instancia (Claudio Bonadio), la Cámara Federal y la de Casación consideraron que existía la presunción firme de la comisión de un delito. Descartaron que se tratara de una decisión de política económica no judiciable, como –por ejemplo- lo consideró el juez Daniel Rafecas en la denuncia por las altísimas tasas de interés que pagaban las Lebacs, cuando aún no habían llegado siquiera al 30 por ciento anual. Ayer fueron renovadas a una tasa superior y conjuntamente con la emisión de bonos de deuda, llamados “botes”, acaso en un alarde de escasez imaginativa.

La causa que tramita el juez federal Sergio Torres es la que denunció la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en simultáneo a su procesamiento por esos mismos hechos. La lógica indicaba que para cometer un delito de esa naturaleza eran necesarias dos partes: una que vendiera el dólar a mediano plazo a un precio inferior al que establecía el mercado (tal la imputación sobre la que construyó el procesamiento Bonadio) y alguien que, para completar la maniobra, comprara ese dólar subvaluado.

La ex presidenta denunció que los compradores, entre los cuales hay varios funcionarios del actual gobierno, habían estado de los dos lados del mostrador y que, en todo caso, fueron ellos los que redondearon el delito. Ante la posibilidad cierta de que Cambiemos ganara las elecciones, y aún con el triunfo electoral en las manos, compraron dólares a futuro y, una vez en el gobierno, devaluaron la moneda, de modo tal de generar una ganancia exorbitante en poco tiempo.

Si las decisiones de vender dólar a futuro fueron delito en el anterior gobierno, ¿por qué razón la misma práctica no sería delito con la actual administración? Esa es la pregunta que subyace tanto en el pedido que formuló el tribunal oral federal uno la semana pasada y en la “medida para mejor proveer” que hoy le pidió Di Lello al juez Torres.

El escenario, en esta instancia, se aproxima a lo que técnicamente se denomina “escándalo jurídico”. No se trata de una situación escandalosa en los términos comunes en que se entiende tal adjetivación, sino a la existencia de fallos contradictorios sobre un mismo asunto. Dicho de otro modo: las operaciones de dólar futuro no pueden ser delito para un gobierno y no serlo para otro. El tribunal oral podría juzgar a la ex presidenta (y a su ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli) e incluso condenarlos. Pero en ese caso debería denunciar a los funcionarios equivalentes del actual gobierno (Mauricio Macri, Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger), y con su propia jurisprudencia no cabría otra alternativa que también condenarlos a ellos.

¿Y los compradores? Si Di Lello encontrara puntos de contacto entre aquellos de 2015 y estos de 2018, entonces debería pedir el procesamiento de los primeros y denunciar penalmente a los segundos.

Resulta difícil imaginar que cualquiera de esas variables pueda ocurrir en el mundo real de la Argentina de estos tiempos.