Stolbizer pide que Aranguren no participe de la revisión de las tarifas

La diputada nacional por GEN Margarita Stolbizer le pidió a la Justicia que le prohíba al ministro de Energía, Juan José Aranguren, participar del proceso de revisión de las tarifas del gas. El reclamo comprende también al interventor y al subinterventor del Enargas. En todos los casos, argumentó que “se encuentran comprendidos dentro de las incompatibilidades previstas en la Ley de Ética Pública. Aranguren fue directivo de alto rango en la petrolera multinacional Shell; el interventor del Enargas, David Tezanos, fue presidente de Metrogas y director de Gas de YPF; su segundo, Daniel Perrone, fue directivo de Transportadora de Gas del Sur».

El planteo fue formulado en el marco de una “medida cautelar autónoma” previa al fallo de la Corte Suprema, para frenar el tarifazo en el gas.

Stolbizer, junto con el dirigente cooperativista y defensor de los derechos de los usuarios Héctor Polino, pidió a la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Cecilia de Negre que “se suspendan los aumentos de las tarifas de la distribuidora de gas”.

En ese contexto, añadieron el pedido para que la jueza “ordene que se abstenga de tener todo tipo de participación en la Renegociación del contrato de concesión de Metrogas SA y en el proceso de la Revisión Tarifaria Integral de la referida empresa, al actual Ministro de Energía y Minería, al actual interventor y subinterventor del Enargas y cualquier otro funcionario que como los nombrados se encuentren comprendidos dentro de las incompatibilidades previstas en la Ley de Ética Pública”.

El pedido no fue resuelto por la jueza porque previo al fallo de la Corte detectó que existía un “conflicto de competencia”. Eran los momentos en los que las causas estaban desparramadas en juzgados y tribunales de todo el país y el máximo tribunal aún no se habían pronunciado.

El planteo quedó ahí, pendiente, sin resolución. Stolbizer y Polino se opusieron al tarifazo “en su carácter de usuarios particulares afectados y con el alcance que hace a su propia afectación y a la tarifa que en tal carácter pagan cada uno de ellos”. La acción judicial también cuestionó la vigencia de la ley de Emergencia Económica, de la que se valió el actual gobierno en su intento –ahora fallido- de tarifazo.

“No hay emergencia que dure quince años, como ocurre para renegociar el contrato de concesión de Metrogas ya que aceptar lo contario implicaría que se pueda dejar sin efecto la división de poderes y autorizar al ejecutivo a legislar por más de una década y media y cuatro mandatos presidenciales”.