Con salarios que no cubren ni el alquiler, la docencia universitaria denuncia el peor deterioro desde el regreso de la democracia. El Gobierno utiliza el ajuste como arma ideológica para romper el pacto histórico por la educación pública.
La crueldad de los números es inapelable: una porción significativa de quienes forman a los futuros profesionales del país percibe haberes que no superan los $ 500.000 mensuales. En una economía devastada por la inflación y la desregulación total de precios, esa cifra es un certificado de pobreza. Como advierte Chevalier, hoy un docente universitario se encuentra en la encrucijada de elegir entre pagar el alquiler o alimentarse, una realidad que humilla el prestigio académico y liquida la posibilidad de una dedicación exclusiva a la investigación y la enseñanza.
Sin embargo, este hundimiento salarial no parece ser un error de cálculo ni una consecuencia inevitable de la crisis. Para la conducción de CONADU, se trata de un enfrentamiento puramente ideológico. El argumento oficial de que “no hay plata” funciona como una cortina de humo para ocultar un objetivo mucho más ambicioso: la ruptura del consenso histórico que situaba a la educación pública como una política de Estado innegociable. Milei no solo recorta presupuestos; está intentando socavar las bases mismas del Estado-Nación argentino, atacando los nodos de pensamiento crítico y desarrollo soberano que representan la universidad y la ciencia.
El «ensañamiento» que describe la dirigente sindical revela la verdadera cara del proyecto oficialista: un país donde el conocimiento es un lujo y la educación deja de ser un derecho para convertirse en un gasto a eliminar. Al destruir el poder adquisitivo de los docentes, el Gobierno no solo vacía los bolsillos de los trabajadores; está vaciando las aulas y forzando un exilio intelectual que el país tardará generaciones en revertir. La libertad que pregona el Ejecutivo parece ser, en la práctica, solo la libertad de morir de hambre bajo los escombros de la educación pública.
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