La investigación es una bandera de las agrupaciones negacionistas que buscan equiparar los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado con las acciones de una organización armada.
El fallo de Servini, que tiene fecha del 7 de agosto, trascendió este lunes, cuando organizaciones de derechos humanos realizan una movilización en rechazo a la presencia de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, en un homenaje en la Legislatura porteña.
En coincidencia con el dictamen del fiscal federal Guillermo Marijuan y con la postura de la defensa pública, la jueza concluyó que el ataque al edificio de la Policía Federal realizado por Montoneros no configuró un delito de lesa humanidad, ni un crimen de guerra ni una grave violación a los derechos humanos, como pretendían los querellantes.
“Más allá de los aberrante y reprochable que resulte, el análisis se limita a una valoración estrictamente jurídico-penal, puesto que la cuestión se ciñe a determinar si corresponde aplicar al caso de autos los tipos penales excepcionales que sanciones crímenes extraordinarios que habilitan la persecución sin límite de tiempo a sus autores”, señaló Servini en su resolución.
El intento de reapertura de este expediente es impulsado desde hace años por las agrupaciones defensoras de genocidas Abogados por la Justicia y la Concordia y la Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica junto al represor Eduardo Emilio Kalinec, alias ‘Doctor K’, un ex comisario de la Policía Federal que fue condenado a perpetua en 2010 por torturas y homicidios cometidos en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo.
Con esa presentación, estas organizaciones buscan equiparar los delitos del terrorismo de Estado con los de las organizaciones armadas en pleno inicio de los juicios por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura.
La causa fue cerrada en 2012, con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó lo resuelto en primera instancia por Servini. En 2021, la jueza rechazó in limine un nuevo intento por abrir el expediente con supuestos argumentos novedosos y en junio de 2022 la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, ordenó revisar ese fallo al considerar que faltaba argumentación de la decisión.
Si bien no trató el fondo de la cuestión, el fallo de Sala I fue leído en ese momento por los organismos de derechos humanos como una avanzada de los sectores negacionistas en el marco de otras decisiones judiciales que también favorecían a los represores o demoraban los juicios por crímenes de lesa humanidad.
En esta ocasión, la titular del juzgado federal 1 fundó el rechazo a la reapertura en la jurisprudencia de todas las instancias superiores que ya analizaron la causa. Así, Servini volvió a considerar prescripta la acción penal por lo ocurrido en la Superintendencia de la Policía Federal.
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