Superintendencia III: siete expolicías condenados y ocho absueltos por operativos represivos en la Ciudad

El juicio, que comenzó en febrero de 2023, abordó la actuación de las patotas de la Superintendencia, también conocida como Coordinación Federal, en territorio porteño en la que fueron asesinadas 11 personas. Los hechos fueron reconstruidos a partir de documentos de los Consejos de Guerra del Primer Cuerpo del Ejército, en los que figuraban los nombres de quienes participaron así como los informes periciales sobre las víctimas.

La mayoría de los condenados fueron encontrados culpables por el asesinato cometido en la madrugada del 18 de mayo de 1976 de los militantes de Montoneros Jorge Casoy, María Marta Imáz Garzón Maceda de Casoy y Bernardo Levenson. El operativo se realizó en su casa, en el departamento de Yatay 707, en el que dos de ellos recibieron entre once y 17 disparos. 

Por esos hechos fueron condenados a perpetua Rafael Romero, Daniel Amarillo, Osvaldo González y Miguel Olarte, mientras que fue absuelto Juan Adolfo Ríos. Todos ellos integraban el Departamento de Sumarios de la Superintendencia. 

Olarte, además, resultó condenado por el secuestro y desaparición del militante montonero Mario Lerner en marzo de 1977. Una de las pruebas en su contra fue que en su legajo de servicios figura que extravió su credencial mientras sostenía un tiroteo con un “delincuente subversivo” el mismo día y en la dirección en la que fue secuestrado Lerner. 

El otro de los acusados que recibió prisión perpetua fue Eduardo Comesaña, quien integraba el Cuerpo de Informaciones, por el homicidio de Oscar De Cicco y el secuestro de Marta Graciela Treptow el 14 de abril de 1977 en una YPF de la localidad de San Martín. Comesaña estaba en comisión en el Grupo de Tareas 1 del Batallón 601 y, una vez más, la burocracia sirvió para vincularlo con los hechos: en su legajo figura que fue felicitado por Alberto Valín, jefe del Batallón 601, y que fue ascendido por su participación en ese operativo.

El TOF 6 también condenó a 6 años a Gerardo Jorge Arráez y a 3 años a Germán Rimoldi por el secuestro de Alberto Jorge Gorrini, ocurrido el 2 de junio de 1977 en su casa de Salcedo 3564. En ese operativo, al policía Adolfo Ariza, ya fallecido, se le escapó un tiro durante el procedimiento y resultó herido y en el expediente disciplinario mencionó que los dos condenados estaban también en el lugar. Arráez, además de esta pena, cumple 25 años de prisión por crímenes en el circuito ABO. 

Para el resto de los imputados, los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Daniel Obligado consideraron que no hubo pruebas suficientes para encontrarlos responsables de los delitos por los que llegaron a juicio. 

Fue el caso de Juan Carlos Carrera, Esteban Sanguinetti, Antonio Imbrogiano, Miguel Ángel Boiffier, Guillermo Dolz, Carlos Berón y Norberto Varcasia, todos integrantes de los departamentos Sumarios y Táctico de la Superintendencia, quienes había acusados por el asesinato, cometido el 19 de abril de 1977, de los militantes montoneros Mario Frías Pereira, Patricia Claria Pedernera y Liliana Griffin en un departamento del sexto piso de Bacacay 2215.

A pesar de las absoluciones, por aplicación del derecho a la verdad el Tribunal declaró que los hechos de la calle Bacacay “ocurrieron en el marco del plan sistemático de represión ilegal, en los términos que se explicarán en los fundamentos de la sentencia”. 

Lo mismo consideraron los jueces sobre el homicidio de Carlos Jeifetz y Nora Salvarezza de Jeif el 4 de enero de 1977 en su departamento del Hogar Obrero de Villa del Parque, ya que los imputados Alfredo Hugo Vidal y Alberto Mattone, comisario Inspector y jefe de la Zona 1 de la Superintendencia, murieron durante el debate.