El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró «la emergencia en materia penitenciaria» por el término de tres años, y oficializó la creación en el ámbito de la Secretaría de Justicia de una «Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria» que deberá reunirse cada quince días.
El Gobierno explicó en la resolución que «la población penitenciaria alojada en establecimientos del SPF ha experimentado un incremento significativo en los últimos años».
«La población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de 10.274 personas, mientras que el SPF ha informado que los internos alojados al 13 de marzo de 2019 ascienden a 13.773», detalla. Es decir, que en tres años y poco más de dos meses, la población carcelaria aumentó con 3.499 nuevos internos. Y la actual capacidad operativa utilizable de las cárceles federales es, según los últimos datos difundidos por el Servicio Penitenciario Federal, de 12.235 personas.
Lo paradójico del hecho es que, mientras la cantidad de presos creció exponencialmente y se declaró la emergencia penitenciaria, la administración nacional marca el incremento como el resultado de políticas presuntamente exitosas en materia de seguridad. Según el Gobierno, esa superpoblación se debe a «las políticas exitosas de seguridad pública y, consecuentemente, de persecución del delito para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado» y anticipó que la cantidad de presos «seguirá incrementándose sustancialmente durante el año en curso, proyectándose un crecimiento sostenido de la población carcelaria».
“El déficit habitacional persiste y, según lo señalado por el Servicio Penitenciario Federal puede afectar las condiciones de salubridad y añadir factores de violencia intracarcelaria”, señala la resolución firmada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, que quedó formalizada con su publicación en el Boletín Oficial este martes.
En la misma resolución, se informó que la capacidad operativa de alojamiento ideal a esa última fecha alcanza las 12.235 plazas, lo cual determina una sobrepoblación superior al 12%.
Además, se dispuso la creación de una comisión de emergencia en materia penitenciaria que deberá resolver el déficit habitacional, mejorar las condiciones de privación de la libertad y promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, especialmente para grupos vulnerables.
