El gobierno abrirá el martes las ofertas de la licitación de la Vía Navegable Troncal por los próximos 25 años en medio de planteos por posible direccionamiento del proceso.
El diputado nacional Jorge Taiana, de Unión por la Patria, presentó ante la Cámara un proyecto de resolución para rechazar la licitación de la Vía Navegable Troncal y reiteró el pedido de suspensión del proceso. Lo hizo luego del dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que advirtió sobre «serias y evidentes irregularidades» en el procedimiento impulsado por el Ejecutivo. En la presentación, incorporó nuevos elementos de denuncia a partir de las observaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que cuestionó distintos aspectos del proceso licitatorio y alertó sobre posibles incumplimientos normativos y restricciones a la competencia.
Según el proyecto, durante la audiencia pública informativa se puso a disposición un volumen excesivo de documentación técnica en plazos que habrían impedido garantizar una participación ciudadana real y efectiva. La Fiscalía también cuestionó cláusulas vinculadas a eventuales cesiones del contrato, limitaciones para impugnar el proceso y restricciones a la participación de empresas bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas, lo que podría afectar la transparencia y la libre concurrencia. «Estamos ante un proceso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional. El gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento transparente, competitivo y ajustado a la ley», afirmó el diputado en relación a la hidrovía por la que circula el 80% del comercio exterior del país.
La licitación de la Vía Navegable Troncal sufrió varias postergaciones. El primer proceso lanzado durante esta gestión debió ser dado de baja en febrero de 2025, luego de que quedara un solo oferente en carrera y se acumularan cuestionamientos sobre la confección de los pliegos. El gobierno relanzó el proceso, pero los mismos problemas reaparecieron. Entre los puntos más graves figura la denuncia por documentación apócrifa, ya que los peritos informáticos señalaron que el informe que el Ejecutivo presentó como aval técnico internacional del proceso es falso. El dictamen de la PIA también retoma objeciones ya formuladas en procesos anteriores respecto de un «posible direccionamiento» de la licitación.
El interrogante ambiental tampoco es menor. Esta nueva licitación no contó con ningún estudio de impacto ambiental que indague sobre las consecuencias de llevar una parte del Río Paraná hasta un calado de 40 a 44 pies, superior a los 34 actuales. Distintas presentaciones judiciales y técnicas alertaron sobre posibles riesgos para el acceso al agua potable, los sistemas cloacales, la fauna ictícola y los ecosistemas ribereños.
El gobierno, por su parte, no respondió a la denuncia del diputado y todo indica que intentarán que la licitación siga su curso para poder abrir los sobres el martes. «
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