El Gobierno de la Ciudad llamó a audiencia pública para validar incrementos en los pasajes de 10% desde marzo. Luego se ajustarán por inflación más un plus de 2% mensual.
Esa reducción, se entiende, será cubierta por los usuarios, que verán crecer el costo de los pasajes por encima de la línea de sus salarios, los que en términos generales, según el gobierno nacional, no crecerán más allá del horizonte inflacionario de los próximos meses.
De acuerdo a lo que dejaron trascender fuentes oficiales, tanto las tarifas del transporte automotor bajo jurisdicción del gobierno porteño (las 31 líneas con cabecera y final del recorrido en el ámbito de CABA) como las del subte y el premetro tendrán un aumento inicial del 10% a aplicarse desde marzo próximo. La tarifa mínima para viajar en colectivo pasaría a ser de $ 408 y el viaje en subte costaría $ 832.
En los meses siguientes, se establecerá una fórmula de ajuste que contemplará la inflación de dos meses previos (en la práctica, el último índice conocido antes de la entrada en vigencia) más un plus de dos puntos porcentuales.
Con ese mecanismo, desde el área de Transporte se asegurarán que a fin de año las tarifas sean alrededor de 20% más elevadas, en términos reales, al monto actual. Ese plus servirá para achicar la suma que el gobierno porteño abona mensualmente tanto a las empresas de colectivos como a Emova, la concesionaria del subte.
Para poner en práctica el nuevo esquema, será necesario a esperar la realización de las audiencias públicas que fija la ley. En el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires de este martes se difundieron las convocatorias para los días 6, 7 y 10 de febrero, en las que se debatirán las propuestas sobre subterráneos, peajes de autopistas y boletos de colectivos, respectivamente.
La realización de las audiencias es obligatoria, pero las conclusiones que se obtengan no son vinculantes. De esa manera, se estima que sólo serán un formalismo previo a que el Ejecutivo porteño decida los nuevos valores.
El ahorro fiscal para la administración porteña puede ser significativo si se considera que en las líneas bajo su jurisdicción viajan unos 22 millones de pasajeros al mes, según estimaciones privadas.
En los hechos, además, el nuevo esquema romperá la uniformidad de tarifas en el área metropolitana. Así, los colectivos que sólo recorren el ámbito de la Ciudad podrían tener una tarifa más elevada que los que circulan del otro lado de la avenida General Paz, sujetos a la jurisdicción del gobierno bonaerense.
El gran ganador de este mapa es el Ejecutivo nacional, que logró sacarse de encima una porción de los subsidios. Transfirió una parte de las líneas de transporte a la Ciudad, otra a la Provincia y sólo mantiene el esquema de compensaciones a las que cruzan de una jurisdicción a otra.
En el ámbito ferroviario, si bien mantiene los subsidios a los pasajeros, la Nación disolvió varios organismos vinculados al sistema como Trenes Argentinos Capital Humano (que se encargaba de la capacitación del personal) y postergó inversiones. El accidente ocasionado por las fallas en el sistema de señales de la línea San Martín cerca de la estación Palermo, que dejó alrededor de 60 heridos, deja en claro los riesgos que el gobierno de Javier Milei acepta tomar con tal de que le cierren los números.
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