Tasas de las tarjetas, un cambio con guiños a los bancos

El proyecto de la baja de comisiones por pagos con tarjetas, que ya tiene media sanción en el Senado y que se trató en Diputados, fue presentado por el senador Alfredo Luenzo (PJ) e impulsado por la Confederación de la Mediana Empresa (CAME). Principalmente, pide una fuerte baja en las comisiones que pagan los comercios a los bancos por las compras realizadas con tarjetas de crédito y débito. Buscan de pasar de 3 a 1.5% por pagos con crédito y de 1.5 a 0% por débito.

Luego de comisiones de diputados bastante agitadas, el Gobierno encontró la manera de darle el gusto a los comercios y, al mismo tiempo, que no pierdan los bancos: que pague el consumidor. El oficialismo introdujo una serie de modificaciones en el proyecto; propone una baja menor, de 3 a 2% para crédito y de 1.5 a 1% para débito, mientras que permite a los comercios incrementar el costo de los productos para pagos efectuados con tarjetas, algo que hoy está prohibido por la ley 25.065. Es decir, la diferencia entre lo que se concede y lo que se pide, deberá ser absorvida por los consumidores. Además, el Ejecutivo quiere sacar del mercado el pago de cuotas sin interés porque –alega- perjudica a quien paga en efectivo.

“No es lo que pretendíamos, pero aceptamos el criterio”, dijo a Tiempo el presidente de CAME Osvaldo Cornide. Con respecto al eventual incremento sobre los precios al consumidor que paga con tarjeta, Cornide relativizó el impacto: “En la práctica, el que quiere, puede incrementar el precio. No puede poner un costo diferencial, pero puede aumentar para efectivo y tarjeta o hacer un descuento por pago en efectivo, que es lo mismo”.

Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de la Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), criticó esa mirada. “El tema es mas complejo que eso. Si bajan la tasa, uno pensaría que va a haber un beneficio para el consumidor. Pero si el Gobierno propone que los consumidores paguen lo que perderían los bancos, deja de tener sentido. Tampoco beneficia a los pequeños comercios, que perderían muchas ventas si deben subir los precios”. Para Bassano, el problema pasa porque “los proyectos no tienen una planificación de cara a la defensa al consumidor. Esto golpea directamente al consumidor y es claramente un abuso. Los comercios chicos van a tratar de sobrevivir y el beneficio va a ser para los grandes; para ellos, sí les significa mucho dinero”.

Una de las principales impulsoras del proyecto es la diputada Carolina Gaillard (PJ-FPV), quien expresó a Tiempo sus críticas: “El oficialismo no tiene voluntad política de que este proyecto salga adelante. Lo frenó desde el primer momento. Hace dos meses fue aprobado por Senadores y ahora quieren introducir cambios que son inaceptables. Hay un fuerte lobby por parte de las tarjetas y nosotros vamos a plantear que se apoye la media sanción del Senado. Si se le introducen cambios, será una nueva maniobra de dilación, ya que debería volver al Senado. No lo vamos a aceptar”.

Además del PJ, será clave la postura del Frente Renovador (FR), que ha mostrado señales confusas. Por un lado, Felipe Solá dijo a Parlamentario.com que “bajo una clara premisa de Sergio Massa, vamos a defender al comercio y a las pymes por encima de las tarjetas. Por eso, vamos a trabajar para que este proyecto de reducción no se caiga”. Sin embargo, Cornide dijo a este portal que “no sabemos si el FR lo va a votar; ahora, dicen que no. Pero aún con los cambios, CAME quiere que salga”.

En su momento, los bancos plantearon –con cierto tinte de amenaza- que el proyecto provocaría una reducción aún mayor en el consumo y que se pondría en riesgo programas como el Ahora 12 y las cuotas sin interés. Bassano opinó que “el Ahora 12 ya está en riesgo porque el Estado mismo no lo quiere. El Gobierno tiene la premisa de no molestar al mercado. Los bancos tienen la palabra prohibida porque en este tema son los principales victimarios de los consumidores. El Estado y los bancos son socios en los abusos al consumidor”.

Cuotas con interés, informalidad y el monopolio de Prisma

El incentivo a la bancarización para “blanquear” los gastos y evitar la informalidad del efectivo (el preferido para las maniobras ilegales) es un rumbo que ha tomado el capitalismo hace ya tiempo. Si al consumidor se le imponen aumentos en los precios para pagar con tarjetas, tanto de débito como de crédito, este incentivo quedará echado por tierra. Para Bassano, “esto empuja a la gente de menores recursos a la informalidad”. César Bastien, titular de Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (ATACYC) utilizó el mismo argumento en su exposición ante la comisión de diputados: el proyecto impulsa “a un mercado más restringido, con menos gente bancarizada y más concentrado”.

El Gobierno advirtió que su intención es eliminar los topes a las comisiones una vez que se haya alcanzado el nivel de competencia deseado. Además, plantea que los comercios usan la financiación en cuotas para inflar el precio al contado, lo cual perjudica a quien paga en efectivo. Por eso, quieren cambiar el esquema de cuotas: que sean con interés y que el Banco Central fije esas tasas. Lo que no menciona es que esto es un enorme beneficio para los bancos. Tampoco repara en que incentivar el uso del efectivo va a contramano del mundo.

Finalmente, otra de las modificaciones que introdujo el Ejecutivo es el intento de desmonopolizar a Prisma, empresa conformada por una quincena de bancos y que controla el 80% de las operaciones con tarjetas. Son los dueños de Visa, Banelco, Lapos, Pago Mis Cuentas, Todo Pago y Monedero. Sin embargo, por otra parte, el Gobierno acaba de otorgar a Prisma las recargas de la tarjeta SUBE, a través de Pago Mis Cuentas.

El jueves se discutió en comisiones de Finanzas y Legislación General Diputados y se emitió dictamen favorable al proyecto que pone un tope del 2% a los aranceles que cobran los bancos.