Ya en diciembre de 2010, en una columna en este medio, se analizaba a Michel Temer como un posible conspirador. Seis años después, fue el artífice, junto a Eduardo Cunha, ambos del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) de consumar el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff.
El objetivo central del impeachment lo manifestó quien se convirtiera en ministro de Planificación del gobierno de Michel Temer, Romero Juca, quien en una grabación sostuvo que el golpe era necesario para frenar la sangría política que provocaba el avance del Lava Jato, las investigaciones por corrupción de Petrobras. Sin embargo, si bien lograron el desplazamiento de Dilma, no consiguieron consolidar una continuidad de la coalición política que realizó la movida.
Oportunamente, las investigaciones impulsadas por el en aquel entonces juez y actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, referidas a la Operación Lava Jato, provocaron que sea apresado Cunha, el socio político de Temer en el armado del impeachment, por una condena por desvío de dinero destinado a las obras de Porto Maravilha en Río de Janeiro. Según la delación del empresario Ricardo Pernambuco, las empresas Odebrecht, OAS y Carioca Engenharia acordaron un pago de 50 millones de reales (unos 13 millones de dólares).
Más allá que impidieron la postulación de Luiz Ignacio Lula Da Silva a la presidencia, evitando el regreso de una alianza liderada por el Partido dos Trabalhadores, no lograron instalar un candidato de la coalición, especialmente desde tradicional Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y quedaron presos del devenir electoral de Jair Bolsonaro, abriendo especulaciones sobre la continuidad de las investigaciones.
Muchos analistas entendían que las causas se iban a dilatar, tanto por la designación de Sergio Moro en el Gabinete, como por el fallo del Supremo Tribunal Federal que determinó que los delitos de lavado de dinero debían ser juzgados por cortes electorales y no por las penales, entendiendo que están asociadas a financiación ilegal de campañas. Sin embargo, el Ministerio Público Federal acusó al expresidente Temer de encabezar una «organización delictiva» que estructuró un esquema de cobro de coimas en la construcción de la usina nuclear de Angra III, a través de sobrefacturación y lobby parlamentario.
La detención encendió las alertas del arco político, tanto del MDB que a través de un comunicado salió pedir que se garantice el derecho a la «libertad individual, la presunción de inocencia y el derecho de defensa», como de la oposición. Paradójicamente, en la misma línea Dilma pidió evitar encarcelaciones sin sentencia firme.
Por su parte, el vicepresidente Hamilton Mourão, quien instaló la posibilidad que Michel Temer sea liberado «dentro de poco» por decisión de «un ministro cualquiera», según afirmó a O Globo. Si bien existiría un vínculo de fraternidad masónica que ligaría a Mourão con Temer, lo cierto es que ante la consulta del impacto que tiene la detención frente a la estrategia del gobierno de aprobar la Reforma Previsional, el actual vicepresidente intentó minimizar la situación, aunque lo cierto es que las sombras del Lava Jato aún oscurecen la política brasileña. «
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