Tendrá impacto positivo en la cadena productiva

Luchar garpa. Eso es lo primero que nos salió decir al enterarnos de que la Ley de Acceso a la Tierra iba a empezar a debatirse en la Cámara de Diputados. Era la tercera vez que se presentaba y, como afirma el dicho, fue la vencida.

El camino para que este proyecto, que nace de una necesidad, sea tratado en el recinto no puede explicarse sin las distintas acciones de lucha y visibilización que organizamos en todos estos años: desde acampes, cortes de calles y los ya extendidos verdurazos y feriazos en plazas del país, hasta notas y entrevistas en medios, para exponer una situación que conocemos y sufrimos en carne propia.

Nuestro sector, el de las familias campesinas, produce al menos el 60% de la comida que consumimos. Sin embargo, este campo que alimenta al país –el que trabaja a diario para abastecer el mercado interno, no para exportar granos y obtener dólares– posee apenas el 13% de la tierra del vasto territorio nacional. Por el contrario, el 36% de la tierra cultivada está en manos del 1% de las empresas agrícolas. Una injusticia que se evidencia en la estadística.

Sabemos que las exportaciones son necesarias para la economía de nuestro país. Pero también sabemos que más necesario es terminar con el hambre del pueblo, que sufre desde hace al menos seis años la pulverización de sus ingresos y el destierro sistemático, ya sea de su condición socioeconómica, de su vivienda o de su trabajo. 

En un contexto de inflación por las nubes, dispersión de precios e incertidumbre, asumimos que esta ley no solo va a beneficiar al pequeño campesinado, sino que va a tener un impacto positivo en la cadena productiva y, como consecuencia de eso, un mayor control y abaratamiento en los costos y en los valores que llegan a los comercios.

Lejos del modelo que propugna el agronegocio, el nuestro está basado en un campo que alimente: somos miles de campesinos, cooperativas agrarias y de pequeños y medianos productores que proponemos un modelo sustentable a través de la agroecología y la democratización de la tierra. Así como el Procrear, que sirvió para que miles de personas acceden a una casa propia a lo largo y ancho del país, este proyecto se propone un sistema de créditos blandos para el sector rural, con el cual las familias productoras podrían acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y, a la vez, habitar una vivienda digna. El eslogan que nos moviliza desde hace décadas podría convertirse en una realidad: la tierra para quienes la trabajan. Y no para quienes especulan con ella.

Por todo esto, es necesario que, luego de los dictámenes favorables en las Comisiones de Legislación, Agricultura y Presupuesto, los diputados y las diputadas voten la ley antes de fin de año. Por nuestra parte, seguiremos con atención los vaivenes del proyecto en el lugar donde lo forjamos: las calles donde reclamamos, y los campos donde producimos alimentos, «