Tensión en la Corte por la Obra Social del Poder Judicial

La interna de la Corte Suprema tuvo un nuevo cortocircuito en un escenario áspero y poco conocido: la obra social del Poder Judicial. Es un síntoma más de que en el máximo tribunal también está todo roto. Ya no se trata solo de egos personales y juegos de poder; el híper antikirchnerismo del triunvirato dominante del máximo tribunal (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda) está en superficie y rebota por todas partes, aun aquellas que ni siquiera rozan a Cristina Fernández de Kirchner.

La Corte cambió otra vez la estructura de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), que hoy está bajo la lupa por supuestos desmanejos que salpican a un ladero de uno de los triunviros, el cordobés Maqueda. Ricardo Lorenzetti rechazó la reforma aprobada por la Acordada 28/22 por los otros tres jueces. Denunció que tras 13 años (que coincidieron con su presidencia del máximo tribunal) el Estatuto no cambió, «ahora, sin que sea claro el fundamento, se lo ha modificado cuatro veces en el lapso de un año».

Lorenzetti estampó en la cara de los demás jueces una filípica de institucionalidad. «Cuando se habla de reformar, antes hay que hacer cumplir lo que ya está escrito.  (…) Afirmar unos principios y luego no aplicarlos afecta la credibilidad de una institución».

Aldo Tonón, el médico de Maqueda, es el director de la OSPJN. Los trabajadores agrupados en los gremios UEJN y SITRAJU presentaron denuncias judiciales y administrativas que van desde supuestas contrataciones irregulares con empresas fantasma hasta la existencia de un sistema de atención VIP para afiliados preferentes. La calidad del servicio ha caído notoriamente, además. La principal investigación está en manos del juez federal Ariel Lijo, de fluida relación con Lorenzetti.

¿Qué es lo que se reformó? Básicamente, se le dio un lugar en el directorio a la Asociación de Magistrados y otro a la representación gremial. Lorenzetti está de acuerdo con el fondo, mas no con la forma. Sostiene que es un cambio cosmético que esconde una invasión a la autarquía de la OSPJN. Se trasluce una sospecha: lo que se busca es tapar todo lo que está bajo investigación y huir hacia adelante. Según Lorenzetti, la última modificación «confiere una participación meramente declarativa de la Asociación de Magistrados y a la entidad con personería gremial». Y justifica: «las entidades deben proponer una terna y la Corte puede designar uno de los propuestos o desechar la terna. Es decir que es una designación discrecional de la Corte». Por ejemplo, la Asociación de Magistrados tiene en su vida interna tres listas en pugna, una de las cuales –la bordó, que paradójicamente es amarilla– goza de la simpatía del tridente gobernante de la Corte. Si cada lista presentara a un candidato y la aceptación final queda para los cortesanos, ¿a quién van a elegir?

Lorenzetti advirtió sobre la creación de «cargos cuya relevancia es solo aparente, para tener un control de hecho por parte de la Corte».

La reforma también le asigna amplísimos poderes a un cargo con nuevo nombre. Según Lorenzetti, “no hay explicación razonable para reducir las facultades del directorio y para ampliar las del administrador general, para quien no se prevé responsabilidad alguna. Los directores sin demasiadas facultades tienen responsabilidad personal, penal, disciplinaria y patrimonial, mientras que el administrador, que tiene numerosas facultades, no tiene ninguna”.

Administrador General será el formato todopoderoso del cargo que hasta ahora se llamaba “Director General”. Es el cargo ocupado por Tonón. «