Testigo en juicio de Lesa Humanidad advierte del peligro que corren por la liberación de genocidas

El Servicio Penitenciario Federal, en un hecho inédito hasta el momento, sugirió a la Justicia una lista de unos cien genocidas con posibilidad de beneficiarse con prisión domiciliaria. Esta acción implicó una primera respuesta de organismos de Derechos Humanos, no solo porque “no hay medias tintas para aquellos que hayan cometido las barbaridades de lesa humanidad”, como advirtió Rosa Roisinblit, sino por el riesgo que corren los testigos que declararon en su contra en cada uno de los juicios.

Por ejemplo, en el año 2010, Juan Domingo Javier fue testigo en el Juzgado Federal de Salta por el secuestro del escribano Aldo Meliton Bustos en la localidad salteña de Tartagal, ocurrido en el año 1978. “Los testigos de delitos de Lesa somos los más desprotegidos. Estamos permanentemente rogando que los gobiernos no liberen genocidas, porque estos criminales no tienen escrúpulos. Son muy peligrosos incluso en sus casas donde pueden armar encuentros con otras personas para empezar a tomar venganza contra los que participamos con nuestro testimonio para que estuvieran presos”, razona Javier en diálogo con Tiempo Argentino.

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Javier se presenta con todos sus datos, sabe que no está hablando de su caso particular, sino que el suyo es uno entre los miles de testigos que han prestado declaración en los diferentes juicios por delitos de Lesa Humanidad, ahí se ancla su preocupación, sin descontar que hay antecedentes de la capacidad operativa de los reos por los vínculos que poseen con efectivos en actividad: “Sé que no cualquier testigo da nombre y apellido como yo lo estoy dando, porque a lo largo y ancho del país somos muchos, pero es lógico que varios tengan temor respecto de este tema. No olvidemos a Julio López o el ataque contra Alicia Zupo después de haber testimoniado contra unos genocidas en Santa Fe. En este sentido, nadie se acuerda de nosotros. Es un momento para que nosotros advirtamos que no se puede liberar a estos genocidas”.

Los casos que podría rememorar Javier son muchos más, algunos menos sonados en los medios. Lo cierto es que de concretarse las liberaciones, sean prisiones domiciliarias o ambulatorias, se abre un contexto de peligro para todos aquellos que cumplieron con la carga pública de testimoniar contra los responsables del genocidio.

“Cuando llegó el golpe, muchos compañeros con los que militaba empezaron a desaparecer. Entonces, me exilié en Salta donde tenía un tío y viví 34 años en Tartagal”, cuenta Javier. Esa circunstancia ocasionó que azarosamente presenciara cuando el coronel Carlos Alberto Arias y otra persona, luego identificada como el coronel Luis Ángel Gaspar Zírpolo, secuestraban a Meliton Bustos.

“Yo solo reconocí a Carlos Alberto Arias, estaba junto con Luis Ángel Gaspar Zírpolo, que era el teniente coronel interino hasta que asumiera otra persona el mando del Regimiento de Infantería de Monte 28 luego de que trasladaran a Héctor Ríos Ereñú”. Este último llegó a jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino durante la presidencia de Raúl Alfonsín y en 2013 fue condenado a cadena perpetua por los homicidios del médico Pedro Urueña y el sindicalista René Santillán, ocurridos en Tartagal y General Mosconi durante 1975.

“Cuando se va Ereñú, en ese ínterin, es cuando se lo llevan a Bustos. Yo salía de un trabajo nocturno en una confitería, iba caminando a casa para descansar y, al cruzar la avenida San Martín, vi cómo se lo llevaban a Bustos. En un momento determinado, Carlos Alberto Arias miró para la esquina y ahí lo reconocí. Estaba a unos treinta metros”, recuerda aquel momento Javier. Ese fue su testimonio durante el primer juicio por delitos de Lesa Humanidad en la provincia de Salta, que culminó con Arias y Zírpolo condenados, primero a 25 años de prisión, medida que fue apelada por los abogados y por el hijo de Bustos, y después a cadena perpetua cuando fue revisado por Casación.

-¿Ha recurrido a alguna instancia oficial para pedir protección?

-No es confiable que los testigos pidamos algún tipo de protección a este gobierno que es el que quiere liberar a los genocidas, es una contradicción, porque están siendo cómplices de esos criminales y llevan adelante estas medidas sin titubear y sin tenernos en cuenta. Además, esto parece que se viene orquestando desde que asumió el gobierno: ya el secretario de Derechos Humanos de la Nación tuvo varias reuniones con Cecilia Pando y un montón de familiares de genocidas presos, además del 2×1, que se detuvo por la movilización popular. Es esa misma lista la que ahora quieren enmascarar con este tema del Servicio Penitenciario. No tenemos a quién recurrir, sólo a los medios. Es un hecho grave. En Salta todavía están buscando el cuerpo de Miguel Ragone, el primer gobernador desaparecido, y mientras tanto quieren soltar a los responsables. Es una contradicción terrible. Yo considero que este gobierno es la pata civil del golpe del ’76, por eso toma estas medidas y menosprecia y perjudica a todos los que participamos de la forma que nosotros lo hicimos.

-¿Qué lo llevó a dar su testimonio durante ese juicio?

-Nosotros somos los que voluntariamente prestamos testimonio porque creíamos que en este país de una vez por todas se tenía que hacer justicia, y lo hemos hecho de una forma honesta y con la frente bien alta. No porque nos hubieran presionado, lo hicimos como argentinos y por el bien de las generaciones futuras. No fue sólo para tener la conciencia en paz, también por todos aquellos que sufrieron secuestro, la tortura y la muerte por parte de un Estado genocida. Fue como brindarles a ellos ese aporte, en mi caso, al menos, con esos dos coroneles. Somos miles de testigos, algunos más comprometidos, algunos menos, pero testigos que cumplimos con una obligación ciudadana y ahora el Estado nos castiga.

–El problema de la seguridad de los testigos casi no ha sido tenido en cuenta por la Justicia…

-Soy un argentino que ve que la liberación de estos genocidas pone en riesgo la vida de los testigos y de sus familias. Porque estos tipos no tienen alma, no les interesa matar a alguien más para hacer daño y tomar venganza. Es un aporte al sistema democrático que todos tenemos que proteger. Todos hablan de un montón de cosas, pero nadie habla de los testigos que somos los que corremos más riesgos con estas liberaciones. Si hubiera dado testimonio en 1978, cuando presencié el secuestro, seguro hoy no lo estoy contando. Ahora no será el mismo riesgo, pero son los mismos protagonistas y van a quedar libres en un ambiente político que sienten propicio para ellos.