La situación política en Brasil se vuelve cada día más agitada y tanto la actividad legislativa como la judicial no se detienen. Esta semana, la suspendida presidenta Dilma Rousseff y el ex mandatario Lula da Silva dieron sendas entrevistas en las que salieron a hacerle frente a la ofensiva conservadora y se decidieron más detenciones de importantes personajes como el presidente del Senado, Renan Calheiros, el ex presidente José Sarney y el senador Romero Jucá, acusados de intentar frenar la operación anticorrupción.
Pero quizá lo más importante fueron otros dos sucesos: la divulgación de una encuesta en la que la mitad de los brasileños quiere que se anticipen a este año las elecciones previstas para el 2018, en las que Lula aparece liderando los sondeos con un 22% de las intenciones de voto para una eventual elección, y la declaración en apoyo de Rousseff de dos testigos ante la comisión del Senado que lleva adelante el juicio político, pero que paradójicamente fueron convocados por la base aliada que respalda al gobierno interino de Michel Temer e impulsa el juicio político.
Los testigos dieron versiones favorables a la presidenta suspendida sobre la acusación de que hubo irregularidades en el presupuesto de 2015 que podrían haber afectado a la ley de responsabilidad fiscal, a tal punto que el abogado de la mandataria no les hizo preguntas. La discusión se centró sobre la supuesta responsabilidad de la presidenta en realizar «pedaleos fiscales» con dinero de los bancos públicos para poder cubrir gastos del gobierno con el plan de crédito agrícola, y seis decretos que no pasaron por el Congreso y que redefinieron prioridades de pago en el Presupuesto 2015.
El coordinador de operaciones de crédito del Tesoro Nacional, Adriano Pereira de Paula, sostuvo que la gestión de Rousseff pagó la última cuota de su pasivo interno con los bancos públicos el 28 de diciembre, con lo cual se cumplió con el plazo de la ley de responsabilidad fiscal. El funcionario fue específico en abonar la teoría defensiva de Rousseff de que estos mecanismos son responsabilidad de técnicos de los ministerios «y no es definido por un único integrante del gobierno federal», con lo cual le restó una supuesta culpa a la mandataria.
En tanto, el secretario adjunto del Tesoro Nacional, Otavio Ladeira, afirmó que el gobierno de Rousseff «se esforzó en cubrir los rojos que tenía con los bancos públicos para cumplir con la ley». Dijo que el gobierno creó un comité para este asunto en abril y que las responsabilidades sobre los movimientos internos del Presupuesto eran colegiadas, dando así aire a la defensa de Rousseff.
La comisión de juicio político continuará su trabajo mañana, luego de que el Supremo Tribunal Federal aceptara la lista de testigos presentada por la defensa de Rousseff pero rechazara incluir en el texto los audios de aliados de Temer como el senador Romero Jucá, que indicó que hubo un pacto para llevar adelante la destitución y poner al vice en la jefatura del Estado para frenar el impulso de la operación anticorrupción Lava Jato.
Según el cronograma, entre el 1 y 2 de agosto se podrá votar en el pleno del Senado si se aprueba o no el informe de la comisión, por mayoría simple. Si avanza, habrá un plazo de hasta 20 días para que el Senado se transforme en un tribunal y decida por la suerte de Rousseff, justamente en un período de alto impacto político internacional como son los Juegos Olímpicos, que se inician el 5 de agosto.
En una entrevista con el portal Brasil/247, Rousseff aseguró que la primera tentación de un golpe es acallar las voces disidentes y que la iniciativa que la sacó del cargo compromete a la institucionalidad en el país, porque «nadie da un golpe en relación a la presidencia de la República, que representa un contrato y tuvo 54 millones de votos, sin la tentación de romper otros contratos». Y dio como ejemplo la remoción del presidente de la estatal Agencia Brasileña de Comunicación, cargo que disfrutaba de estabilidad por estatuto de la empresa. «La primera tentación de todos los golpes, sean militares o parlamentarios, es callar, silenciar. Callar la divergencia. Intentan prohibir hasta la palabra golpe, la única y mera expresión los incomoda. No en vano un grupo de parlamentarios nos emplazó para que dijéramos por qué el golpe es un golpe.» «
Detienen al «Japonés de la Federal»
El agente de la Policía Federal de Brasil Newton Ishii, conocido nacionalmente como el «Japonés de la Federal» por llevar a prisión a los detenidos de la Operación Lava Jato, fue detenido el miércoles pasado. El «Japonés» había sido condenado a cuatro años y dos meses de cárcel en 2003 en una operación que investigaba la relación de policías con el contrabando. También se lo mencionó en grabaciones como el agente que vendía información del Lava Jato a revistas.
El uniformado se encuentra detenido en la Superintendencia de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba. La orden de detención contra Ishii fue expedida por un juzgado de la ciudad fronteriza de Foz do Iguaçu. Con la detención de personajes famosos por la Operación Lava Jato, el «Japonés» se tornó célebre en Brasil. Sus fotos aparecían en manifestaciones, compositores le dedicaron hasta sambas, y el propio Luiz Inácio Lula da Silva preguntó ¿Dónde está el Japonés? cuando el último 4 de marzo fue llevado por la policía a declarar por la fuerza. La máscara del «Japonés» fue la más vendida en el último carnaval de Brasil.
