El nuevo pacto fiscal entre las provincias y la Nación que posibilitó el descongelamiento del Fondo del Conurbano fue firmado el 16 de noviembre del año pasado. El acuerdo, que parecía imposible, se logró en tiempo récord aunque el operativo de Vidal y del presidente Mauricio Macri comenzó un año antes: primero con el reclamo formal ante el Congreso Nacional y luego con una demanda por inconstitucionalidad y pago retroactivo de 300 mil millones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La gran ganadora del pacto fue la gobernadora que recibirá 40 mil millones de pesos este año y 65 mil millones más en 2019, año electoral. A cambio, debe resignar la demanda judicial.
El Fondo del Conurbano se creó en 1992 para compensar a la provincia por haber cedido seis puntos porcentuales de la Coparticipación Federal en 1987 y estaba integrado por el 10% de lo recaudado por el impuesto a las Ganancias. En 1996, la Nación le puso un tope anual de 650 millones que significó cada vez menos recursos para la provincia en comparación con el resto del país.
¿Qué hará Vidal con los fondos extra? Incluso desde antes de firmar, el gobierno aseguró que serán destinados a obra pública aunque hasta hoy no hay detalles. Vidal se apuró a aclarar en su mensaje ante diputados y senadores, el 1 de marzo último, que la Provincia recibirá los mismos fondos que el año pasado porque esa plata ya estaba comprometida por la Nación y ya formaba parte del presupuesto 2018. El Fondo del Conurbano le pone nombre a esa ayuda y la garantiza a través de la coparticipación, dijo atajándose ante los reclamos de la oposición y también de los gremios docentes que recordaron en la mesa paritaria que la Provincia tiene este año más recursos para dar una suba salarial digna.
La Legislatura bonaerense refrendó el pacto fiscal en la última sesión del año pasado y habilitó así a Vidal a completar el último paso: el retiro de la demanda judicial ante la Corte a través de la Fiscalía de Estado. Sin embargo, ese trámite aún no fue completado. El fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, aclaró que cuando el resto de las provincias comuniquen que sancionaron sus respectivas leyes, la provincia de Buenos Aires estaría en condiciones de desistir del juicio.
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