Torcuato Sozio: «Discutimos la enseñanza religiosa como en el siglo XIX»

La educación religiosa se convirtió en un asunto de Estado, luego de que la provincia de Salta decidiera incorporar en forma obligatoria la educación religiosa en las escuelas públicas. Desde 2008, cuando se reglamentó la ley local, fueron muchos los niños que  debieron permanecer fuera del aula cuando se dictaban las clases de religión, o que compulsivamente debían escuchar las oraciones que se repetían en las escuelas. Luego de varios años de conflicto jurídico, esta semana se realizaron las dos últimas jornadas de audiencias frente a la Corte Suprema de la Nación. De ellas participó la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que representó a las madres que iniciaron la demanda. 

«Discutimos esto como si estuviésemos en el siglo XIX», explica horas después de la última jornada de debate, Torcuato Sozio, director ejecutivo de la ADC.

El organismo apunta a que la Corte defina si es constitucional o no que se dé educación religiosa en forma obligatoria en las escuelas de gestión pública. La clave, afirma Sozio, pasa por repensar la condición laica de la educación y reafirmar, más de un siglo después de la Ley 1420, la separación de Iglesia y Estado.

–¿Cuál es la incidencia de la Iglesia en la normativa vigente en Salta, que motivó estas audiencias?

–Lo concreto, y lo digo con convicción, es que la Iglesia católica es un factor de poder muy importante, y por lo tanto incide mucho en las decisiones del poder público. Lo crucial son las prácticas, porque estoy seguro de que más allá de las normativas, este tipo de prácticas en las escuelas de Salta y, en general, en todo el noroeste argentino, ya existían. Estas prácticas vienen de hace muchísimos años, pero hay factores legales que dieron la posibilidad a las provincias de fijar estas leyes. Por ejemplo, el hecho de que la Ley Nacional de Educación no tuviera una expresa mención a la separación entre Iglesia y Estado o el hecho de que se hayan transferido las escuelas a las provincias y ellas entendieran que podían armar su propia currícula. ¿Cuál es el motivo? Puedo decir que las prácticas ya existían y esas ventanitas legales legitimaron esas situaciones. 

–¿En qué momento se produce ese cortocircuito entre la práctica y lo legal?

–Ese choque sucede porque en la medida en que uno tiene una ley que específicamente dice que la educación religiosa tiene que ser obligatoria, el Ministerio de Educación local empieza a dictar disposiciones que la apuntalan. En la aplicación, lo que hacen los ministerios es decir «ahora aceptamos el rezo diario», «vamos a aceptar que los chicos vayan a las fiestas religiosas». Son todas circulares internas, disposiciones, resoluciones, todas alimentadas por una ley que dice que «la educación religiosa es obligatoria». Y a partir de ahí, derrama todo el resto. 

–¿Cuál es, en el contexto de la inserción en la currícula escolar de una sola religión en particular, la situación de los pueblos originarios? 

–Los pueblos originarios no se sienten convocados a una escuela de gestión pública en la medida en que la educación sea básicamente católica. Estamos hablando de educación religiosa, pero en el fondo es educación católica. Puede haber determinadas escuelas donde se puede enseñar sobre la base de cuáles son las convicciones de los pueblos originarios, pero lo más práctico y lo más concreto es analizar cuál es la formación docente y cuál es el modo en el que uno puede obtener un cargo de docente en Salta. Al analizarlo, vemos que están preparados para la educación católica.

–¿Cómo se explican estas resistencias a una educación laica aun en estos tiempos?

–Como asociación civil tuvimos un importante rol cuando se discutieron las leyes de matrimonio igualitario, identidad de género, y todo ese proceso normativo que se dio en la Argentina tiene que ver con la tolerancia y la apertura hacia distintas miradas. No opino que la Iglesia Católica no sea tolerante, pero digo que, frente a problemas comunes, puede haber miradas distintas. Lo importante es que los niños puedan tener ese abanico de miradas, y creo que a lo largo de todo este proceso –desde el divorcio vincular en los ’80 a la identidad de género o el aborto no punible– la Iglesia siempre se mostró en contra. No podemos negar que cierta direccionalidad en la enseñanza católica significarán no aceptar determinados cambios legales que vienen dándose en el país. 

–¿Y qué pasa, desde lo curricular, con la enseñanza de educación sexual, en escuelas que brindan catecismo obligatorio?

–Este es un punto en el que la ministra (de Educación salteña, Analía Berruezo, presente en las audiencias) niega. Yo disiento completamente. Ella describe una situación que no ocurre en Salta. Nuestra acción judicial, si fuera como dice la ministra, ya habría tenido un efecto social, porque ella dice que a partir de 2012 (cuando la Justicia ordinaria falló en contra del catecismo en las escuelas) hubo muchos cambios, pero nosotros no los vimos acreditados. Si fuera cierto lo que dice, significa que la acción judicial movilizó a las autoridades. Pero no es cierto. «

«No pueden justificarlo»

Alejandra Glik es una de las mamás que alertó acerca de la situación que vivían los chicos en las escuelas públicas en Salta. Sus hijos, que en ese momento tenían 6, 7 y 11 años–, al igual que muchos niños salteños, tenían que rezar al comenzar su jornada escolar o leer oraciones religiosas. Esta semana estuvo en Buenos Aires junto a otros padres, presenciando las audiencias que se realizaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el miércoles 30 y el jueves 31 de agosto. Durante las audiencias, el grupo de padres y madres estuvo representado por los abogados de Asociación por los Derechos Civiles (ADC) Hernán Gullco y Alejandro Segarra. «Nos quedamos con la sensación de que desde el Ministerio de Educación de la provincia no pudieron justificar ni defender ni sostener lo que dicen, y la Corte lo vio. No sé si van a poder fallar a favor de la provincia», dijo la Glik a Tiempo. La Corte no tiene fecha para fallar.