El conflicto arrastra 50 jornadas de huelga contra la propuesta del gobierno, que ofreció un 15% de aumento salarial después de más de un año sin actualizaciones.
Se trata de trabajadores de la salud autoconvocados que se rebelaron contra el acuerdo salarial que el gobierno provincial suscribió con los gremios estatales, que inicialmente fue del 12% y que luego llevó al 15 por ciento.
El gobierno de Omar Gutiérrez, en nombre de la emergencia sanitaria, resolvió incumplir el acuerdo paritario de 2020, que fijaba una cláusula de actualización por inflación, dejando el salario congelado durante todo el año.
Por estas horas son los huelguistas de la salud a través de una mesa de representantes electos en los propios cortes de ruta los que negocian con el gobierno provincial a través de la fiscalía a cargo de José Gerez, que se ofreció como mediador.
Una de las integrantes de la mesa compuesta por 20 representantes y, a la vez delegada de base del Hospital de Plottier, Gabriela Suppicich, explicó a Tiempo: “Reclamamos una recomposición del 40% al básico, una actualización salarial automática por el IPC para lo que queda de 2021, el pase a planta de los precarizados y el cese de los sumarios”.
La representante explicó: “No tuvimos ninguna recomposición salarial desde 2019. Pasamos todo 2020 sin aumentos y, además, el personal de salud pasó toda la pandemia sin licencias cuando tuvimos muchos enfermos y hasta compañeros fallecidos”. Para Suppicich, “el primer acuerdo hizo que estallara el conflicto y que el gobierno decidiera llevarlo hasta el 15%. Se desplegaron asambleas por toda la provincia rechazando el acuerdo y fijando esos cuatro reclamos. Arrancamos con el paro el 1 de marzo, que obtuvo la cobertura de ATE Nacional pero no de la delegación provincial. A partir de allí el conflicto creció con asambleas interhospitalarias y un cuerpo de delegados votado en las asambleas que representan a los centros de salud y hospitales de toda la provincia”.
Fue entonces cuando la fiscalía se ofreció como instancia mediadora judicial a partir, según los propios representantes, de las gestiones que realizaron las comunidades mapuches, que también se sumaron al apoyo popular a la medida.
Suppicich puntualizó: “Hicimos festivales, caravanas y marchas, generando un enlace muy grande con la comunidad. Hay una empatía porque lo que nos pasó a nosotros le pasó a la gente que, en su mayoría, se atiende en el hospital público. Con la llegada de la segunda ola la gente se volcó por apoyar la lucha y lograr que triunfe”.
Las medidas están impactando en el principal sector productivo de la provincia. Se encuentran paralizados hace ya más de una semana 30 equipos de perforación y terminación de pozos en la zona de Vaca Muerta que empiezan a mostrar signos de desabastecimiento, motivo por el cual las cámaras presionan por una solución.
Ante ese escenario, y por el impacto de los cortes en la economía, las autoridades abandonaron la condición inicial de levantar los cortes y ofrecieron un bono de $ 40 mil por única vez y en cuatro cuotas mensuales que fue rechazado. Piden recomponer el básico. «
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