Se endurece la lucha de trabajadores del Garrahan y anuncian otros dos días de paro

La crisis en el Hospital Garrahan, centro pediátrico de alta complejidad de referencia a nivel nacional y regional, no para de escalar. Tras semanas de reclamos, trabajadores y trabajadoras lograron un bono que motivó una respuesta inesperada por parte del Gobierno: el ministro de Salud, Mario Lugones, echó al Consejo Administrativo por haber tomado esa decisión en beneficio del personal, que de todos modos sigue exigiendo una recomposición salarial. En ese contexto, se anunciaron otros dos días de paro para la próxima semana, en medio de denuncias sobre la grave situación que atraviesa la institución. A tal punto, que se habla de reutilización de materiales descartables y fuga de pediatras.

“Están renunciando los profesionales y casi no se va a poder sostener la atención en nuestro hospital, entonces creo que la decisión del ministro es muy desafortunada. Hubiéramos esperado que rápidamente nos llame o que venga y vea lo que atendemos, lo que hacemos”, dijo Norma Lezana, representante de los profesionales y técnicos del Hospital Garrahan.

Como referenta de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), Lezana firmó una nota dirigida –a fines de septiembre- a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que intervenga ante la “falta de protocolo que garantice la calidad de los materiales médicos de un solo uso que se reutilizan en cirugía cardiovascular”. En ese documento advirtió: “Hemos comprobado que no se cumple con la normativa de ANMAT sobre el reuso de esos materiales”.

“Estamos muy preocupados porque pensamos que el funcionamiento del hospital está en peligro”, dijo el pediatra Carlos Figueroa durante una concentración frente al Garrahan en el marco de la lucha gremial.

Paro de 48 horas en el Garrahan

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado convocaron a un paro total para el 8 y 9 de octubre con movilización al Ministerio de Economía. Reclaman 100% de recomposición salarial, un piso salarial de 1.400.000 pesos y que les quiten el impuesto al salario.

En un comunicado para dar a conocer la medida de fuerza, consideraron que la decisión de Lugones de echar al Consejo de Administración tras pagar el bono es “un hecho sin precedentes”. Aclararon además que se pagó con “recursos genuinos, que provienen de la facturación y cobro a las obras sociales, potestad del Consejo, contemplada dentro de la autarquía que le otorga la ley SAMIC”. Esto es algo que no dice el Gobierno cuando justifica la decisión de remover a las autoridades por tomar una medida supuestamente inconsulta sobre recursos públicos.

Sobre la situación salarial, dieron cuenta de “una pérdida del poder adquisitivo que se ha agravado en los últimos meses, lo que trae como consecuencia que mucho personal se encuentre en situación de precariedad económica” y que ya generó “renuncias de profesionales y técnicos altamente capacitados”.

“La pérdida del recurso humano pone en peligro uno de los principales pilares de nuestro modelo de atención, que se basa en la combinación de un cuerpo profesional altamente capacitado, con horario de trabajo extendido, en un hospital abierto a la comunidad y con un área programática que se extiende a todo el país”, alertaron.