Con los números a favor: cooperativas, formalización y trabajo digno

El informe «Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025: cómo salir de la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social«, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ofrece una noticia que bien podría ser recibida como una oportunidad, antes que como un diagnóstico pesimista: regularizar el trabajo informal tiene uno de los mayores impactos conocidos en la reducción de la pobreza y la desigualdad, incluso sin cambios inmediatos en la productividad.

Este dato adquiere especial relevancia en la Argentina, donde el debate sobre la reforma laboral vuelve a poner en discusión cómo se organiza el trabajo y qué modelos resultan más eficaces para reducir informalidad y desigualdad, tal como surge del documento.

Los datos son elocuentes. En la región, casi la mitad de las personas ocupadas trabaja en la informalidad. El problema no es nuevo, pero el informe de la CEPAL agrega un dato clave y novedoso: mediante simulaciones, demuestra qué efectos tendría la formalización de esos trabajadores.

Las proyecciones muestran que si los trabajadores informales accedieran a empleo formal manteniendo sus características laborales, sus ingresos aumentarían en promedio un 30%; la pobreza entre los ocupados se reduciría a la mitad, y la desigualdad del ingreso laboral, medida por el coeficiente de Gini, se reduciría en torno al 14%.

Incluso escenarios parciales —formalizar trabajadores de microempresas, del sector manufacturero o con baja calificación— generan mejoras relevantes en ingresos y cohesión social. Estas estimaciones, desarrolladas en el capítulo II del citado informe, confirman que la formalización no es solo una política social, sino también una estrategia económica más eficiente.

Ahora bien, el propio diagnóstico de la CEPAL reconoce el límite del modelo tradicional: el crecimiento económico por sí solo no está generando suficiente empleo asalariado formal, y buena parte de la ocupación se crea en sectores de baja productividad, pequeños establecimientos o trabajo independiente.

Este fenómeno se replica en la Argentina, donde el empleo privado registrado está frenado y convive con un aumento del monotributo y otras formas de inserción precaria. Es ahí donde la discusión sobre el trabajo en Argentina debería dar un paso más.

El sistema cooperativo como formalizador

La pregunta ya no es solo cómo crear más empleo formal asalariado, sino cómo formalizar trabajo allí donde hoy existe actividad económica, pero sin derechos. Y en ese punto, la Argentina cuenta con una herramienta institucional potente y muchas veces subestimada: el sistema cooperativo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) identifica a las cooperativas como una de las formas más eficaces para integrar a trabajadores informales en esquemas de trabajo decente, así lo manifestó hace más de veinte años en la «Recomendación 193 sobre la promoción de las cooperativas».

Las cooperativas -en especial, las de trabajo- permiten formalizar actividades productivas preexistentes, integrar trabajadores al sistema de seguridad social, organizar la producción de manera colectiva y sostener puestos de trabajo allí donde el mercado no ofrece alternativas estables.

Las cooperativas complementan las relaciones de dependencia y al empleo público. Han mostrado especial capacidad para desarrollarse en sectores intensivos en mano de obra y con alta presencia de informalidad, como servicios locales, cuidados, construcción, producción de alimentos y actividades vinculadas a la educación y la formación profesional, en línea con los diagnósticos de la CEPAL y la OIT, de los sectores identificados como prioritarios para reducir informalidad y mejorar la cohesión social en América Latina.

Desde una perspectiva argentina, el desafío es claro: articular educación, políticas de empleo y promoción cooperativa. El país ya cuenta con un entramado normativo, institucional y territorial cooperativo relevante. Lo que falta es colocar al cooperativismo en el centro de una estrategia de formalización, no como respuesta de emergencia, sino como política de desarrollo. 

Las proyecciones de la CEPAL muestran que formalizar es rentable socialmente: reduce pobreza, mejora ingresos, fortalece la seguridad social y contribuye a la cohesión. En un contexto de restricción fiscal y bajo crecimiento, promover cooperativas puede ser una de las formas más eficientes de convertir actividad informal en trabajo digno y registrado, sin esperar a que el crecimiento «derrame».

El trabajo más allá de la dependencia

El debate actual sobre una reforma laboral abre una oportunidad valiosa para ensanchar la mirada sobre el trabajo en la Argentina. No se trata solo de revisar normas que regulan el contrato de trabajo asalariado clásico, sino de animarse a pensar el trabajo como actividad humana, productiva y social, en todas sus formas.

En un contexto de estancamiento del empleo privado registrado, aumento del pluriempleo y del subempleo, con incremento de modalidades precarizantes, limitar la reforma a la relación empleador–empleado deja afuera a millones de personas que trabajan, producen y generan valor todos los días. 

Los datos disponibles confirman esta situación. Según información oficial procesada por el sitio Chequeado, el empleo privado registrado en la Argentina permanece estancado desde hace más de 12 años, mientras que la informalidad laboral alcanza al 43,2% de las personas ocupadas, según el INDEC, y llega hasta el 49% si se incluyen cuentapropistas de baja calificación y asalariados no registrados. En paralelo, el salario real registrado cayó cerca del 25% en la última década, profundizando la fragilidad de las trayectorias laborales incluso dentro del empleo formal.

Este escenario nacional no es una excepción, sino parte de una dinámica regional. La OIT advierte, en su informe «Juventud en Cambio» del 2025, que América Latina y el Caribe presentan niveles estructuralmente altos de informalidad, con especial impacto en jóvenes.

En la región, el 60% de las personas jóvenes ocupadas se desempeña en empleos informales, con bajos ingresos, alta rotación y escaso acceso a protección social. La Argentina reproduce este patrón: las juventudes concentran mayores tasas de desempleo, subempleo y trabajos de corta duración, muchas veces combinando estudio, empleo precario y trabajo no remunerado. 

Si la reforma laboral aspira a ser verdaderamente transformadora, las cooperativas deben formar parte explícita del abanico de opciones para organizar colectivamente trabajo digno y formal. El cooperativismo permite convertir actividades económicas existentes —muchas de ellas hoy informales— en trabajo registrado, con seguridad social, organización colectiva y sostenibilidad productiva.

No reemplaza al empleo asalariado tradicional, ambos se complementan. Es un modelo propicio especialmente para jóvenes, trabajadores independientes y colectivos con difícil inserción laboral. 

No habrá cooperativismo sólido sin políticas públicas integrales. Promover su desarrollo requiere inversión en educación cooperativa, formación técnica y profesional, líneas de financiamiento adecuadas, marcos legales que dinamicen su crecimiento y regímenes de seguridad social e impositivos compatibles con su naturaleza. Esta combinación es la que permite que las cooperativas funcionen como verdaderos vehículos de formalización y no como soluciones transitorias.

Nuestro país cuenta con una larga tradición cooperativa y con capacidades institucionales ya instaladas. La discusión actual sobre la reforma laboral ofrece una oportunidad estratégica para repensar el trabajo más allá de un único modelo, alineando la experiencia nacional con la evidencia regional e internacional.

Ampliar las modalidades de trabajo no necesariamente debilita derechos, puede extenderlos a quienes hoy están excluidos. La evidencia y los datos están sobre la mesa. Para la Argentina y para la región, la educación y la cooperación libre son el camino a una sociedad igualitaria.