Tras el intento de cierre y los despidos masivos, el Gobierno intervino el Hospital Bonaparte

La medida "forma parte del plan de reestructuración”, instrumentado por el Ministerio de Salud. Quién es el interventor designado.

Menos de 48 horas después del abrazo masivo en defensa del Hospital Laura Bonaparte, donde el personal alertó que ‘vaciar es cerrar’ tras el despido de 200 profesionales, el Ministerio de Salud de la Nación anunció la intervención del hospital nacional de salud mental.

La medida “forma parte del plan de reestructuración”, según el Gobierno. Bajo ese nombre se dio también el intento de cierre del establecimiento en octubre, frenado a fuerza de movilización y apoyo colectivo.

El interventor designado por el ministro Mario Lugones es Mariano Pirozzo, neurocirujano formado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hasta ahora se desempeñaba como director de Atención Médica y Tratamiento del Hospital Nacional Sommer, también afectado por los despidos masivos.

Tras reunirse con las autoridades de la cartera sanitaria, se presentó en el hospital, en Combate de los Pozos al 2100. Llegó pasadas las tres de la tarde: trabajadores y trabajadoras siguen en estado de alerta hasta definir pasos a seguir.

La justificación

“La decisión de avanzar con la intervención del Hospital Bonaparte fue tomada luego de que la cartera sanitaria nacional avanzara en la readecuación del personal a partir de la sobredotación encontrada en diferentes servicios del Hospital. Entre otras irregularidades, se detectó que 326 empleados habían ingresado durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, y que para los servicios de guardia e internación, había 109 empleados para asistir 55 camas de internación con una ocupación promedio de sólo 19 pacientes por mes”, argumentó el Ministerio de Salud al anunciar la intervención.

La misma justificación utilizan desde el intento de cierre de octubre: que había demasiado personal para pocos pacientes internados. Lo que tanto personal como especialistas en salud mental vienen señalando desde entonces es que el abordaje según la Ley de Salud Mental apunta justamente a buscar estrategias de abordaje distintas o complementarias a la internación. Donde el seguimiento de pacientes externados o en proceso de externación es señal de éxito, no de fracaso.

Así lo decía por entonces Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de salud del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interpuso una demanda ante la Justicia apenas comenzó la amenaza de cierre del Bonaparte: “Poner el acento en la cantidad de ocupación de camas es no comprender los modos de intervención y abordaje que hay que hacer en salud mental actualmente (…) Si el Bonaparte tiene una menor cantidad de camas utilizadas que las disponibles, habla muy bien del hospital. Significa que tiene otros servicios ambulatorios, consultorios externos y un seguimiento de los equipos tratantes que logran adherencia a los tratamientos sin requerir internación. Es casi el ejemplo modelo de cómo hay que trabajar”.

Vaciar es cerrar

La intervención se enmarca en el “Plan de Eficiencia de Hospitales 2024-2025 que está llevando adelante y que también implicó la revisión de las licitaciones de servicios tercerizados”, informó la cartera de Lugones. “Luego de corregir los sobreprecios y negociados espurios encontrados, se prevé un ahorro del 35% en el servicio de limpieza y una reducción del 45% en el valor de la licitación por servicios de seguridad, para este año. Sólo el ajuste de estas dos licitaciones representan un ahorro de $760 millones”, celebró. Y agregó que “tanto el crecimiento desmedido del personal, como el mal manejo de los fondos han afectado la capacidad de atención del Hospital”.

Contrariamente a ese planteo, fueron los 200 despidos de la semana pasada los que alteraron el funcionamiento del hospital, al punto de poner en riesgo su capacidad de funcionar, según advirtieron profesionales de la salud que llevan años en el lugar.

“Lo que estamos refiriendo a la sociedad es que no tiene que ver solo con nuestros puestos laborales y con condiciones como las de compañeros con tratamiento oncológico que fueron despedidos o trabajadoras con licencia por maternidad o embarazadas que ya no cuentan con su puesto. Sino también con que es imposible sostener el funcionamiento de un hospital con este nivel de reducción de personal”, dijo durante el abrazo Camila Seijas, trabajadora social de consultorios externos, una de las tantas profesionales que recibió la notificación de desvinculación laboral hace una semana.

Seijas detalló los efectos concretos del vaciamiento, ya percibidos en los primeros días: “La farmacia al haber sido reducido su personal tiene dificultades para la entrega de medicación en tiempo y forma, la internación no cuenta con el personal de enfermería necesario, la guardia no puede brindar servicios en toda su franja horaria, el área de niñeces no tiene equipo de admisiones”. Por eso, insistió: “Estamos transmitiendo que vaciar es cerrar. Venimos de una ola de octubre en la que intentaron cerrar el hospital y eso no pudo ser por la resistencia colectiva. Hoy intentan encubrirlo a través de los despidos”.

Antes de hablar del “Plan de Eficiencia”, el Gobierno Nacional había dado a conocer su intención de traspasar, privatizar o cerrar todos los hospitales nacionales. Incluyendo al Bonaparte.

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