Siguen las tomas de estudiantes y se esperan nuevas medidas en contra del veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
«El Frente Sindical ha resuelto la profundización del plan de lucha con un horizonte de disputa con el gobierno nacional, que nos ha privado de la herramienta de la Ley de Financiamiento Universitario», afirmó la entidad en un comunicado.
Durante la jornada, en la Facultad de Derecho, el estacionamiento, el bar y las demás instalaciones estuvieron cerradas, al tiempo que no se computaron las faltas.
La Facultad de Psicología continuaba tomada por sus alumnos y distintas agrupaciones implementaron actividades abiertas para los universitarios, pero no hubo clases.
Por su parte, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Ciudad Universitaria), situada en el barrio porteño de de Belgrano, las cátedras no se sumaron al paro, por lo que el movimiento cotidiano parecía normal.
En Filosofía y Letras algunas cátedras dictaron clases virtuales con el objetivo de no perder tantos días del ciclo lectivo, aunque los estudiantes no asistieron a la casa de altos estudios.
Ciencias Económicas, en Plaza Houssay, también permaneció cerrada con un cese total de actividades, mientras que Ciencias Sociales tomó la misma determinación.
Mientras tanto, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales.
Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales, detallaron fuentes oficiales.
La resolución fue informada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y en respuesta a la solicitud que habían hecho legisladores del PRO y el MID ante el Gobierno nacional en el marco de las mesas conjuntas que funcionan en Casa de Gobierno.
Hasta este martes, solo la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso, podía llevar adelante las auditorias.
Ese cuerpo está encabezado por Juan Manuel Olmos, dirigente peronista y vicejefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández.
La conclusión del dictamen firmado por Barra establece: «A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.º 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales».
Se justifica en que «el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521».
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