Centenares de profesionales de distintas disciplinas realizaron una denuncia penal contra el gobernador cordobés, legisladores y ministros.
La presentación judicial -firmada por cientos de profesionales- también incluye un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la Ley 27.742 que creó el RIGI nacional, y la Ley 10.997, que creó el RIGI cordobés. Quienes reclaman, explicaron a este diario que enfrentarán un verano muy complejo por la afectación que produce a la vida, el agua, la salud y el derecho al ambiente sano. Y exigen, que el Poder Judicial les brinde respuestas acordes a los reclamos y las denuncias iniciadas para evitar “el agravamiento del ecocidio” que están llevando adelante.
Esto sucede en un contexto extractivista, en que el gobierno nacional firmó -recientemente- las garantías con el Fondo Saudí. Lo hizo para avanzar en la ejecución del Acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba. Los profesionales advierten que esto traerá graves consecuencias.
Juan Smith, es abogado ambientalista, en el diálogo que mantuvo con Tiempo, explicó: “Córdoba se encuentra atravesando la peor situación medioambiental de su historia. Por los emprendimientos mineros desbocados, desarrollos inmobiliarios en zonas rojas y amarillas, voraces incendios y megabasurales a cielo abiertos descontrolados”.
“También permisividad para destino final de residuos peligrosos de todas las provincias, cuencas hídricas absolutamente desbastadas, lugares donde acumulamos el agua para consumo humano en muy mal estado y desorden territorial. Leyes provinciales y municipales que han bajado los estándares mínimos de protección medioambiental que establecen los presupuestos mínimos nacionales. Y miles de hectáreas de nuestro territorio sometidos a agrotóxicos, infraestructura agresiva, como autovía de montaña y la lista sigue”, denunció Smith.
El letrado continuó advirtiendo que: “La aprobación de la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones cambiará de manera brutal la configuración, ya mala, de nuestros territorios. No se tiene en cuenta que todos los sectores que podrán hacer uso de lo que se denomina Vehículo de Proyecto Único (VPU) -creado por Ley 27.742- se asientan para su desarrollo sobre los territorios de nuestras comunidades”.
“Esto significa que harán uso del suelo y de ya escasos bienes comunes, recursos naturales como le llaman ellos, como ser, el agua y el monte. Imaginemos todo lo que afectaría un emprendimiento de 200 millones de dólares de inversión en cualquiera de nuestros municipios y comunas”, remarcó Smith, en relación a los resultados negativos.
Y completó: “Los proyectos, que podrían hacer uso de este régimen, se instalan en los territorios y necesitan de lo que ellos llaman, recursos naturales. No es que esto se intuya, no, de ningún modo, la Ley, en su artículo 4to invita a municipalidades y comunas a dictar las normas legales pertinentes a fines de otorgar beneficios de estabilidad fiscal a los VPU y ya lo hizo, por ejemplo, la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba”.
“Tanto en el procedimiento legal para aprobar velozmente el RIGI, y a espaldas de la población, como en la intencionalidad que este ‘régimen’, término muy expresivo en esta pseudodemocracia, muestran a las claras el desprecio que el cordobesismo tiene por la Madre Tierra, compartido con el gobierno nacional”, denunció Daniel Emmerich, biólogo, docente y miembro del Foro Ambiental Traslasierra (FAT).
Siguió relatando que, “lo que digo está expresado en la muy maltrecha situación ecosistémica de la provincia, la que parece no importarles a Llaryora y su gobierno. Esta realidad nos presenta como sociedad, muy a las claras, la urgencia de tomar cartas en el asunto”.
“Esperamos y anhelamos que el Poder Judicial esté a la altura moral y ética para hacer, sencillamente, cumplir las Leyes. Y que no siga siendo cómplice del ecocidio que se continúa profundizando. La avaricia y cuasi ceguera de los gobiernos y poderes económicos, no hacen más que adentrarnos en el colapso ecológico y civilizatorio. Mirar para otro lado como pueblo, es decidir avanzar hacia el precipicio que está cada día más cerca”, cerró Emmerich.
“Me llama mucho la atención la tendencia patológica de los funcionarios políticos en violar las Leyes en forma indiscriminada. En nuestra provincia hay varios incumplimientos, sobre todo tiene que ver con el procedimiento de la Legislatura, en tanto a lo que estipula la Constitución de Córdoba. Tanto el RIGI nacional como el cordobés, son instrumentos que afectan a las comunidades indígenas, tanto el de nación como el de nuestra provincia. En Argentina rige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece claramente la obligatoriedad de hacer la consulta con los pueblos indígenas”, explicó Raúl Montenegro, docente.
Siguió argumentando: “Primero está la Constitución, luego los Convenios y después las Leyes. Entonces, lo que están haciendo es violar una norma muy importante. Parece ser que en nuestro país las Leyes se hacen solo para que las cumpla el pueblo, los funcionarios las pasan por alto. Realizaron muchísimas obras sin haber hecho los estudios de impacto ambiental, como legítimamente corresponde. Lo hacen para favorecer a las corporaciones. Es lo que se está promoviendo desde el gobierno de Javier Milei”.
“Pienso que la aprobación del RIGI en Córdoba elevará un grado más el prototipo político vigente del llamado ‘cordobesismo’. Si hasta ahora la destrucción ambiental deja visibles sus huellas por doquier, ahora se completará el ecocidio”, apuntó a este diario, Pablo Sigismondi, geógrafo.
La cronología de destrucción ambiental en esta provincia, arranca antes de la imposición del RIGI. Abundan los ejemplos: “Taym, donde se depositaban residuos peligrosos y cuya inundación colmó de agua contaminada el canal Los Molinos; el insuficiente tratamiento de líquidos cloacales de Chacra de la Merced, desde donde fluye el río Suquía putrefacto hasta la Laguna de Mar Chiquita”, señaló Sigismondi.
“Ahora también Parque Nacional Ansenuza; las llamadas ‘autovías’ que van extendiéndose sobre los valles de Punilla y Paravachasca. El afeamiento paisajístico y apropiación territorial de la histórica capilla de Candonga y el Camino del Cuadrado, que fue construido arbitrariamente sobre una línea de falla en las Sierras Chicas”, agregó el geógrafo.
Continuó contando que a pocas horas de la aprobación del endeudamiento para ejecutar la construcción del canal del río Paraná: “La sintonía nación-provincia que el RIGI afianza, queda en evidencia. Esta obra anti-natura con pocos antecedentes en el resto del mundo, deberá bombear el agua desde 350 km de distancia para salvar el desnivel topográfico, a ingente costo energético y ambiental”.
“En esta provincia, desde 1999, se han incinerado más de 1.500.000 hectáreas de bosques nativos; en la región pampeana los agrotóxicos producen estragos en la salud y ecosistemas. Además, en las Sierras de Córdoba la destrucción de las laderas montañosas y las inundaciones asolan periódicamente a las poblaciones. La putrefacción de las principales cuencas hídricas torna a los lagos artificiales en enormes depósitos de desperdicios”, repasó Sigismondi.
Y finalizó advirtiendo: “Si hasta ahora el modelo en vigencia representa una patología geográfica y medioambiental de extractivismo, por exclusión y obras faraónicas de dudosa utilidad, la aprobación del RIGI completará la entrega, el cercenamiento geográfico y envalentonará la fuerza ecocida. Esto hará de Córdoba un paradigma geográfico de modelo territorial de sacrificio. Eso sí, habitado por el miedo de ciudadanos transformados en refugiados ambientales y extranjeros perpetuos en su propio territorio”.
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Ecocidio. No es solamente Milei. Muchos peronistas están de acuerdo. Escuché decir al.artista plástico peronista de apellido Santoro que debían eliminar la reserva ecológica de la ciudad de Buenos Aires y que si quieren verde y naturaleza que se vayan por ejemplo a Punta Indio