Tras la definición de la suba de tarifas, el debate es por la segmentación de los usuarios

Las audiencias públicas de enero y febrero determinaron subas promedio del gas del 20% y de entre el 17 y el 23% para la electricidad. Pero estos aumentos han sido superados por lo planteado en el acuerdo con el Fondo Monetario. Allí se propone que los incrementos en las tarifas tengan relación con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS, elaborado por el Indec). En 2021, subió un 53,4 por ciento.

Para los beneficiarios de tarifa social, la suba sería equivalente al 40% del CVS; es decir, un aumento del 20% en la tarifa, en línea de lo ya aprobado en audiencias públicas.

Para el resto de los residenciales, la suba será equivalente al 80% del CVS; es decir, en torno al 40% en la tarifa. Por tanto, estos usuarios verán duplicado el aumento anunciado después de las audiencias públicas. Por último, habrá un 10% de usuarios que no tendrán subsidio alguno. Se trata de los estratos más pudientes de la sociedad, que verán sus tarifas duplicadas.

Así las cosas, los del primer grupo, si pagaban $ 2000 de tarifa de gas, pasarán a pagar $ 2400; los del segundo grupo, $ 2800, y los del tercer grupo, 4000 pesos.

Quién es quién

Resta conocer los parámetros que se tomarán para determinar quién pertenece a qué grupo; en otras palabras, cómo será definida la segmentación de tarifas. También queda en el tintero el resultado de la nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI) que en diciembre próximo debería remplazar a la hecha durante el macrismo, que elevó las tarifas un 3000 por ciento. Los entes reguladores (ENRE y Enargas) y la Secretaría de Energía, que dirige Darío Martínez, están en ello.

Claudio Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, consideró: «Es valiosa la propuesta de llamar a audiencia pública para tratar el tema de la segmentación. La segmentación debe hacerse en base a las condiciones socio-económicas de los que habitan el lugar y no en base a una zonificación y a valores de las propiedades. El establecimiento de los valores de las propiedades puede ser un buen indicio de la capacidad de pago, pero no debe ser el único; por ejemplo, sin analizar si es propietario o inquilino de la vivienda, entre otras consideraciones».

En cuanto a los porcentajes anunciados por el gobierno, analizó: «Aunque es discutible, está bien que esté escalonado. Tal vez la escala podría haber sido unos puntos menores para cada sector».

Respecto de las quejas de las empresas sobre los «escasos» aumentos de tarifas entre 2019 y 2021, Boada aseguró: «Venimos con un 2500 al 3500 por ciento del macrismo, cifras que no se revisaron y desde las cuales se partió», apuntó Boada y concluyó: «Es muy discutible ese tema aunque reconozcamos que hasta aquí el gobierno surfeó la cuestión y los aumentos tuvieron bajo impacto en la economía de los usuarios residenciales».

Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), dio a Tiempo su punto de vista: «Los que pueden pagar no tienen por qué quejarse. Hay que recordar que son aumentos transitorios hasta que salga la RTI de diciembre de este año, que remplazara a la RTI del macrismo».

Bassano apuntó que «aquel que tenga un ingreso mayor a la media recibirá un incremento mayor. Si alguien tiene un ingreso de 2 millones de pesos, puede pagar una tarifa más cara porque se pone en valor el concepto de pobreza energética», apuntó Bassano y agregó: «Lo que se paga de energía debe ser menor al 10% de los ingresos; hay que apuntar hacia eso y moverse dentro de ese marco».

El gobierno de Mauricio Macri se destacó por haber impuesto tarifazos energéticos en números siderales y por haber tomado la deuda más grande de la historia. La paradoja es que a dos años de haber dejado el gobierno, las tarifas vuelven a subir de golpe, en parte por acciones cometidas durante el gobierno macrista.

Costos

Las empresas dicen que se debe pagar por la energía lo que cuesta. Pero, ¿cuál es el costo? Es un secreto guardado bajo siete llaves. Andrés Repar, del Instituto Scalabrini Ortiz, calcula que con el valor del gas decretado por el gobierno, las empresas ganan el 100% en dólares.