Tras las críticas de Alberto Fernández a la Corte Suprema, sectores del Poder Judicial apoyan el proyecto de reforma

El presidente Alberto Fernández pidió en el Congreso la reforma del Poder Judicial y habló de la necesidad de debatir la «conformación y funcionamiento de la Corte Suprema”. Tiempo habló con funcionarios y personal de la Justicia para que den cuenta de cómo debería ser ese proceso. 

El juez del Tribunal Oral Criminal 29 de la Ciudad de Buenos Aires e impulsor de la marcha del 1F, Juan María Ramos Padilla, sostuvo que hay que cambiar los modelos de magistrados e incluir a personas que se enfoquen en un servicio para el pueblo y no para los privilegios. 

“Primero tienen que irse los que algunos llaman ‘delincuentes togados’ que han permitido semejantes aberraciones que vemos todos los días. Los servicios de justicia nada tienen que ver con los palacios ni con las cortes, es simplemente tratar a todos de igual forma, que la ley trate a todos por igual. Esa debe ser la preocupación de los jueces. Tienen que solucionar problemas, no generarlos, sobre todo para los más débiles”, afirmó. 

El miembro de la Comisión Directiva de Justicia Legítima Ángel Bruno sostuvo que la reforma tiene que ser “plurifacética”. Para eso, el máximo tribunal debe ampliar la cantidad de integrantes y dividirlos en salas en base a los criterios federal, de expertise y de paridad de género.

“Una Corte de cinco miembros, hoy cuatro, es muy pequeña y se presta a todo tipo de cooptación por parte de los poderes fácticos. Además, no tienen tiempo de abordar todas las temáticas que le llegan. Pierden tiempo y eso es fundamental para que haya justicia. Tienen que ser, no solo intachables desde lo moral y honradez intelectual, sino también expertos en determinadas materias. En este momento no hay ningún especialista en Derecho Penal en la Corte. Otro criterio debería ser incorporar las distintas doctrinas jurídicas, hay muchas miradas y debería haber un equilibrio”, afirmó.  Una posible constitución serían tres integrantes por sala: Civil y Comercial, Laboral y Previsional, Penal y Constitucional Administrativo. 

Además, pidió modificar la competencia de la Corte: «Es necesario delimitarlas. Hay que reformar la Ley 48, que es el famoso recurso de arbitrariedad por el cual cualquier tema puede llegar en última instancia a la CSJN. Y así tienen miles y miles de expedientes demorados durante años y luego los rechazan con el sello 280 que dice que el recurso no es procedente. La Corte se tiene que ocupar de pocos asuntos de gran trascendencia institucional”. 

Desde el lado de las y los trabajadores, el secretario gremial de la Federación Judicial Argentina y secretario General del Sindicato de Trabajadores de Río Negro, Emiliano Sanhueza, dijo que la reforma del Consejo de la Magistratura es una cuestión fundamental para la democratización y propuso incluir representantes de distintos sectores de la sociedad.

“Hay que ampliarlo y tiene que tener representación popular y de los trabajadores y trabajadoras judiciales, que son los sectores que están faltando. Debería haber representantes populares con votación directa del pueblo. Hay procesos de reformas en los que también lo integran unidades académicas y organismos de derechos humanos y eso implica una apertura de las miradas y que no sea un cuerpo en el que el eje sean las corporaciones para un cargo tan importante como es el de la Corte Suprema”, indicó.

“La única forma de detener la influencia que tiene el poder económico sobre el poder judicial y la Corte Suprema es que mayores actores que hoy existen en la sociedad, estén en los procesos de selección y remoción de los mismos”, agregó.

Sin embargo, Ramos Padilla advirtió que la reforma es un debate que se tiene que dar tras la renuncia de los cuatro jueces supremos. “Una vez limpio el Poder Judicial, hay que entrar en todos estos debates que no se puede entrar ahora porque ésta Corte los declararía inconstitucional. Además, un debate cierra otros debates que son importantes: la necesidad de hacer un cambio estructural, fundamentalmente para pasar a una Corte de servicio al pueblo y no la actual, que es una especie de lugar para garantizar privilegios de la Embajada, los medios concentrados. Jamás los del pueblo y la Nación”, declaró.