Tras las protestas, Misiones evaluará el caso de las familias campesinas desalojadas, golpeadas y detenidas

Pasó más de un mes del violento desalojo en perjuicio de familias campesinas ocurrido en el Paraje San Lorenzo 2, municipio de Wanda, provincia de Misiones. Las personas afectadas reclaman que las autoridades les brinden una respuesta. Fueron sacadas a golpes y les prendieron fuego sus casas. El terrible hecho fue protagonizado por las fuerzas policiales, que -según la denuncia- cumplieron orden de la empresa multinacional ARAUCO S.A.

Las víctimas trabajan la tierra hace más de diez años en ese lugar. Fueron notificadas dos horas antes de ser desalojadas, lo que deja al descubierto un mal procedimientos por parte de las autoridades. Una madre contó que estuvo tres días detenida y, mientras tanto, destruyeron el lugar que compraron con los ahorros de toda la vida.

Registros fílmicos de las familias desalojadas

“Tengo todos los videos -a los que este diario tuvo acceso- en los que se ve cómo los policías nos sacaban a los golpes y mis hijos lloraban, porque a ellos también les pegaron. Están filmados mientras rompían todo y prendían fuego nuestra casa, pero hasta el momento ninguna autoridad nos ayudó”, denunció Eduardo Garcete, una de las víctimas, en diálogo con Tiempo.

“Está todo registrado, pero intentaron acusarnos de que fuimos nosotros mismos los que cometimos los hechos, los vecinos filmaron hasta cuando nos llevaban esposados a los móviles policiales. Cuando llegaron nos dijeron que teníamos dos horas, después les dije que íbamos a salir, pero el comisario a cargo del operativo nos gritó ‘acá sale ni entra nadie’, porque la intención de ellos era armarnos una causa penal”, explicó el hombre de 36 años.

Su compañera de vida es Norma de 41 años, con quien tiene cuatros hijos de 7, 9, 14 y 15. Todos fueron golpeados, esposados y detenidos, están traumatizados por toda la violencia y la pérdida del hogar donde fueron criados.

Causa penal armada

“Me acusaron de amenaza con arma blanca y resistencia a la autoridad, eso es mentira. Necesitamos que alguien nos ayude, porque las autoridades de este lugar están mal acostumbradas, se tapan entre ellos. Lo que nos hicieron a nosotros es una gran injusticia, somos trabajadores, teníamos una chacra hermosa con diez años de trabajo”, reclamó Eduardo.

“De todos modos, lo que más me dolió, fue que le pegaron a mi familia y a los trabajadores, eso me quedó marcado en el alma, porque nosotros somos personas que vivimos toda la vida de la chacra. Nunca hicimos nada malo, porque así fuimos criados, bien derechos, cuando se arrima el sol nosotros ya estamos alistando el mate y aprontándonos para realizar nuestra jornada”, expresó el campesino.

“Me dieron un golpe muy fuerte, casi me desnucaron, no me reventaron la cabeza de milagro. Nos tuvieron detenidos y esposados de las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde, a mi señora la dejaron encerrada tres días”, denunció el hombre. “Tenemos mucho dolor, mis hijos extrañas la chacra”, agregó. 

“Las otras dos viviendas que prendieron fuego tenían caseros, también los sacaron a los golpes y quemaron todo. En esas dos propiedades iban a llevar adelante un proyecto muy lindo; un criadero de pollo”, contó Garcete.

“Hasta el momento no tuvimos ninguna noticia del municipio ni de ninguna de las autoridades de Wanda, esperamos que la provincia nos ayude. El acompañamiento que tenemos es de personas de afuera, organismos de Derechos Humanos, que son personas a las que no les gustan las injusticias, pero es difícil, porque como dije antes; acá se tapan entre ellos”, señaló.

Un dolor muy grande

“Perdimos todo lo que logramos con muchísimo esfuerzo, nuestra casa, la cosecha, los animales, nuestros muebles, me duele hasta el alma, porque mis hijos me preguntan y no sé qué decirles, me parte el corazón al medio”, expresó Eduardo, muy angustiado.

“Lo que pasa es que nosotros somos buenas personas, no animales como ellos, que no les importa nada y se manejan con crueldad, la empresa ARAUCO siempre hace este tipo de cosas y tapa todo con las autoridades, les paga”, denunció.

“Nosotros sabemos que la intendenta de Wanda, Romina Faccio, la policía y el juez de Iguazú son toda una misma mafia, por eso es muy difícil la vida en este lugar”, explicó Garcete. “Ahora mi hermana nos prestó una casa para que no estemos en el monte con los chicos. Y el municipio aprovecha eso para decirnos que no nos corresponde ayuda de ellos, porque no estamos sin techo, que tenemos un lugar para estar, así se lavan las manos”, apuntó.  

“La chacra era nuestro hogar, ahí nosotros pensábamos tener un futuro y construir algo lindo para los chicos. Gasté los ahorros de toda mi vida para comprar esa propiedad, gané el dinero trabajando de sol a sol, sin parar, de lunes a lunes, lo hice por mis hijos. Los vecinos antiguos del lugar conocen toda la historia y saben que somos los dueños legítimos de esa tierra”, enfatizó el campesino.

Organismo de Derechos Humanos

“Junto a muchas organizaciones sociales, de Derechos Humanos y vecinos presentamos una nota al gobierno de la provincia hace unas semanas atrás, en la cual pedimos que les dan tierras para producir a las familias que resultaron víctimas”, contó a este diario José Luis Fuentes, abogado de la Fundación Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género.

“En los últimos días tuvimos una respuesta, nos contestó Daniel Behler, que es el Subsecretario de Asuntos Registrales y Tierras de la Provincia. Nos dijo que no tendrían problemas en juntarse para evaluar posibles soluciones, teniendo en cuenta la limitación de acceso a la tierra porque ya no hay terrenos fiscales, pero que ellos tienen predisposición a brindar una solución”, explicó Fuentes.

“También nos dijo que la intendenta de Wanda siempre estuvo dispuesta a ayudar, es algo que la familia Garcete siempre desmintió, es la versión que le llegó al funcionario. Por eso tendremos una instancia de diálogo a nivel provincial y municipal para buscar una solución concreta para las familias, para que puedan tener una tierra donde vivir y producir sus cosechas”, remarcó.

“Porque así lo estipula la Constitución de la Provincia de Misiones, es el gobierno quien nos tiene que dar una respuesta. En cuanto a la empresa ARAUCO, tuvo un proceso, una sentencia y se comprobó que protagonizó muchísimas violaciones a los Derechos Humanos. Todos los pasos que vamos dando son votamos colectivamente entre todos los que estamos interviniendo”, finalizó.