Tras un primer revés, la CGT impugnó la reforma en el fuero laboral

La estrategia judicial de la CGT recibió un primer revés. El juez Enrique Lavié Pico del juzgado Contencioso N° 7 rechazó la cautelar que el equipo jurídico de la central sindical presentó en lo referido a dos artículos de la ley de modernización laboral referidos al traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional al de la Ciudad de Buenos Aires.

El fallo tiene más impacto político y simbólico que práctico en tanto, aclararon a Tiempo desde el entorno jurídico de la CGT, “sólo rechazaron la medida cautelar pero la acción sigue su curso y, además, vamos a apelar esta decisión”.

Más allá de la orientación política de los jueces de uno y otro ámbito, lo cierto es que el fuero laboral porteño no cuenta con la infraestructura ni la cantidad de juzgados capaces de dar respuesta a la demanda que los crecientes conflictos laborales plantean.

Sobre el fallo del juez Lavié Pico, el presidente de la Asociación de Abogados y Abagoadas laboralistas, Guillermo Pérez Crespo, aseguró a Tiempo que “los fundamentos que utilizó para rechazar la medida cautelar están mal. Existen dos tipos de medidas cautelares: las de ‘no innovar’ y las de ‘innovar’. La CGT pidió una medida de no innovar y el juez respondió como si hubiera sido de innovar”.

El juez, explicó Pérez Crespo, “rechazó algo que no fue pedido. Dice que siendo una medida de innovar, no puede adelantarse. ¡Pero la CGT planteó otra cosa!”. Pero, además, “el otro argumento del juez es que la cautelar sería coincidente con la sentencia de fondo y que eso no corresponde. Está lleno de medidas cautelares que coinciden con la resolución de fondo. La sentencia definitiva puede confirmar una cautelar o no. El fallo está mal fundamentado”.

En paralelo, explicó Pérez Crespo, “hay una medida cautelar pedida a la justicia contenciosa y administrativa por la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces (ANMJ) reclamando a la ciudad de Buenos Aires que no instrumente la ley hasta que se aclare el panorama, que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo federal”. Así, lo que no logró la CGT de manera directa lo consiguió por otra vía.

Con todo, el traspié de la CGT puso de relieve que la presentación realizada en Tribunales el lunes 2 de marzo quedó acotada a ese cuestionamiento puntual presentado ante el fuero contencioso administrativo.

Según confiaron fuentes cercanas al equipo jurídico de la CGT, la impugnación de la ley como un todo se presentó recién el pasado jueves 12 ante la Justicia Nacional del Trabajo. En este caso los letrados esperan un primer debate sobre la competencia del fuero elegido en tanto se supone que toda acción contra el Estado o sus poderes debe ser canalizada en el fuero Contencioso y Administrativo pero, a la vez, la norma vulnera derechos fundamentales en el ámbito laboral.

La estrategia gremial buscó desdoblar las presentaciones en tanto reconocen que la impugnación al traspaso de la justicia era “indiscutiblemente” competencia del fuero contencioso.

A la vez, para esta segunda presentación, según pudo saber Tiempo, el equipo jurídico estructuró la impugnación de manera tal que la misma pueda ser considerada en forma integral pero también de manera parcial.

El cuestionamiento integral responde a la presunta violación del principio constitucional de progresividad presente también en tratados internacionales suscriptos. Ese mandato indica que los Estados sólo pueden imponer retrocesos en derechos a los ciudadanos partir de una justificación excepcional e irrefutable.

A la vez, reconocen que habrá que atravesar un debate sobre “la legitimación o la capacidad procesal que tiene la CGT” y que, al tratarse de una ley, hay que apuntar al contenido de la norma y no solo a la forma como si fuera un decreto de necesidad y urgencia.

De este modo, confiaron que hay aspectos colectivos y también individuales donde habrá que sortear esa legitimación de la CGT. En lo “sindical y colectivo resalta la vulneración al derecho a la huelga” pero, puntualizaron “hay otros que son individuales”. Por caso, “el banco de horas es inconstitucional en sí mismo. Le da al individuo la facultad de negociar en particular violando derechos de representación que son colectivos”.

El nuevo texto de impugnación busca “atacar toda la ley pero con algunas cosas que se presentan de manera puntual. Puede haber puntos que tengan legitimación individual, por sindicato o que emerja un principio del ius variandi del trabajador en casos concretos. La división de los puntos permite que el juez no rechace todo pero sí lo haga en determinados aspectos”. «