La Sala III de la Cámara de Casación rechazó el pedido de su defensa para que la Corte Suprema revise la decisión que ordenó su prisión preventiva domiciliaria.
Integrada por los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Alejandro Slokar, la Sala III declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por Levin para que el máximo tribunal revise la detención domiciliaria preventiva que cumple desde octubre del año pasado.
“No ha sido demostrada en el caso la alegada vulneración a las garantías constitucionales del debido proceso y de la doble instancia, a los efectos de ser considerada como una cuestión federal suficiente, debidamente fundada, que permita habilitar la competencia extraordinaria del máximo Tribunal”, señalaron los jueces en un fallo que tiene fecha de este lunes.
Desde octubre de 2022, Levin cumple prisión en su domicilio y es controlado por una pulsera electrónica. Esto fue ordenado por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta antes de que se realizara el segundo juicio oral por crímenes en La Veloz del Norte.
La defensa de Levín apeló la decisión del TOF, que fue rechazada por Casación en julio de este año y ahora quedó firme con esta resolución.
En el juicio oral que finalizó hace menos de un mes fue histórico: el empresario de Salta fue condenado a 18 años de prisión por el secuestro y las torturas a 17 trabajadores de la firma de transporte durante la última dictadura. En ese debate, también fueron condenados a 16 años el excomisario Víctor Hugo Almirón y el exjefe de Personal de la empresa José Antonio Grueso.
Un día antes de conocerse el veredicto, la Cámara Federal de Casación Penal, luego de varios años de idas y vueltas, confirmó la primera sentencia contra Levin por crímenes de lesa humanidad en La Veloz del Norte durante la última dictadura. En ese juicio, realizado en 2016, Levin fue condenado a 12 años de cárcel por el secuestro y las torturas a Victor Cobos, delegado de la UTA y chofer en La Veloz del Norte.
Los trabajadores fueron secuestrados entre el 20 y el 24 de enero de 1977. El 21 de enero, un día después de las primeras detenciones ilegales, Levin presentó una denuncia contra sus empleados por una supuesta estafa en la venta de boletos, lo que sirvió para dar cobertura legal a la persecución contra el delegado y los trabajadores.
Fueron llevados a la Comisaría Cuarta, donde fueron torturados. En ese lugar vieron tanto Levin como Grueso y aseguraron que estaban presentes durante los interrogatorios. Las víctimas señalaron además que la empresa entregó listas con sus nombres, horarios de los recorridos de sus colectivos y aportó vehículos para detenerlos y trasladarlos.
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