Piden que se investigue la adjudicación por $114 millones de la Cancillería a una asociación dirigida por la esposa del ministro. Quedaron radicadas en los Juzgados de Servini y Ramos, aunque lo esperable es que se acumulen en un mismo tribunal.

Tras el fin de semana XXL de carnaval, el nombre del ministro apareció este miércoles en tres sorteos que realizó la Cámara Federal porteña para asignar las denuncias a los respectivos Juzgados. Las presentaciones llevan la firma de José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, de la organización Reset Republicano; de Alejandro Sebastián Díaz Pascual, titular de la Asociación Arco Social; y de la senadora nacional del bloque Justicialista Juliana Di Tullio, respectivamente.
El eje de las tres denuncias es el mismo: piden que la Justicia investigue la adjudicación que hizo Cancillería en favor de la AACI por $114.044.133 para capacitaciones en inglés del personal diplomático. Dicha adjudicación se había tramitado en el marco de una adjudicación simple en la que se activó la intervención de la Oficina Anticorrupción debido al vínculo de su directora con Sturzenegger, aunque solo motivó un “Pacto de Integridad”.
Las denuncias sorteadas este miércoles recayeron en los Juzgados a cargo de Sebastián Ramos y de María Servini. Como se trata de presentaciones similares, lo esperable es que se unifiquen en un mismo Juzgado que podría ser el número 2, a cargo de Ramos, ya que allí quedó sorteada la primera de las presentaciones.
Esa presentación, a cargo de Díaz Pascual, es por la supuesta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Además de Sturzenegger, fue denunciada su esposa y el canciller Pablo Quirno.
Mangioncalda, por su parte, sumó más nombres. A María Cristina Dellepiane, subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior de Cancillería; al titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik; y a Leopoldo Giupponi, director nacional de Ética Pública. En la presentación, a la que accedió Tiempo, señaló a los funcionarios porque habrían omitido publicar en la web de la Oficina Anticorrupción la adjudicación en cuestión, algo establecido por decreto.
El artículo 4 del decreto 202/2017 especifica cuáles son los trámites y procedimientos de publicidad para darle transparencia a aquellos procesos en los que participa una persona vinculada a funcionarios con capacidad de decidir sobre esos procesos. “De lo expuesto surge que se ha omitido una publicación relativa a un procedimiento obligatorio de transparencia, impidiendo el conocimiento público de posibles riesgos de interés”, plantearon en la denuncia.
Para los denunciantes, está claro que el ministro “podría haber intervenido para que la organización empresaria que dirige su esposa fuera contratada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”. “Muy difícilmente podría ser obra de la mera casualidad. El mundo no es tan chico”, añadieron.
Durante el fin de semana, Magioncalda mantuvo un intercambio en X con Quirno, el canciller que también fue denunciado. Allí le planteó que no se había cumplido con la mencionada publicación previa. El funcionario, por su parte, se limitó a decir que eso no era cierto.
Por otro lado, en su presentación la senadora Di Tullio denunció a Rouillet, pareja de Sturzenegger y directora de la AACI, como coautora del delito de defraudación a la administración pública. Al ministro, por su parte, le achacó la posible comisión de tráfico de influencias.
Para la senadora, no se puede descartar la mediación del funcionario ante las autoridades de Cancillería para obtener la adjudicación directa que benefició a la entidad que dirige su pareja. En su denuncia también apuntó contra tres directivos de Cancillería y uno de la Oficina Anticorrupción a los que podría caberles, siempre según la presentación, la figura de partícipes necesarios de la maniobra. Ello porque, a su criterio, habrían permitido la viabilidad del contrato.
Quienes circulan por los pasillos de la Casa Rosada se animan a especular que la revelación periodística del millonario contrato a la entidad que dirige la pareja de Sturzenegger surgió del propio gobierno.
Ocurre que cada vez es mayor el malestar de varios de los sectores que orbitan cerca del presidente con las formas de moverse que tiene Sturzenegger en el marco de su tarea como funcionario. El malestar es tal que en las últimas semanas ganó peso la versión de que el único que lo sostiene en el gabinete es el propio presidente en su afán de tener un Ministerio al estilo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que presentó Donald Trump al asumir su segundo mandato en Estados Unidos. En ese contexto, la expectativa queda puesta en ver qué temperamento adoptarán los tribunales.
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