Triaca «arregló» con su ex empleada para evitar un juicio por indemnización

El acuerdo lo firmó su hermano Carlos y la mujer renuncia a cualquier reclamo legal. La velocidad de los Triaca contrasta con la lentitud de Laura Alonso, que anunció que la Oficina Anticorrupción necesitará al menos un mes para investigar lo sucedido.

En un intento tardío para tapar el escándalo que puso en duda su continuidad en el gobierno, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, llegó a un acuerdo económico con su ex empleada doméstica a cambio de que la mujer deje de lado un juicio futuro por la indemnización legal.

En la delegación San Isidro del propio ministerio que comanda Triaca, su hermano Carlos y Sandra Heredia firmaron la paz que desvincula definitivamente la relación laboral entre la familia y la mujer, quien había denunciado que se desempeñaba como empleada desde noviembre de 2012 y que cobraba un sueldo bruto de $19.500, aunque la mitad se la abonaban en negro.

Si bien el “final feliz” se conoció hoy, el acuerdo se produjo el viernes pasado y en el documento original figura tachado el monto del mismo, que trascendió luego habría sido de $400.000. Pese al esfuerzo del entorno del ministro Triaca y del propio gobierno por desmentir las denuncias de Heredia, la mujer ratificó cada una de ellas en la reunión conciliatoria y quedaron plasmadas en el acta del acuerdo.

La velocidad de la familia Triaca por arreglar con quien fuera su casera en la casaquinta de Boulogne, contrasta con la lentitud anunciada por Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, quien dijo que deberá tomarse “al menos un mes para analizar a fondo” las denuncian que configuran el verdadero escándalo en el cual quedó enredado el ministro, y que tienen que ver, tanto con la contratación “en negro” de Heredia como con su designación como delegada del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), intervenido por el propio Ministerio de Trabajo.

Alonso tiene en sus manos la responsabilidad de determinar si Triaca cometió el delito de violación de la Ley de Ética Pública, y para ello necesitará al menos cuatro semanas. “Se juntan pruebas y se analiza la legislación. Luego se envía un cuestionario al funcionario y luego una copia completa del expediente para hacer su descargo”, declaró la titular de la Oficina Anticorrupción en una entrevista con Radio Mitre. Recién entonces, Alonso emitirá un dictamen.

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