En noviembre de 2024, la Corte de La Haya había ordenado el arresto del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y lesa humanidad en el marco de la ofensiva militar en Gaza.
«La CPI no tiene jurisdicción sobre EE. UU. o Israel, dado que ninguno de estos países firmó el Estatuto de Roma ni es miembro de la CPI», dice la orden. El Estatuto de Roma es el tratado internacional que fundó la CPI.
«EE. UU. impondrá consecuencias tangibles y significativas sobre los responsables de las transgresiones de la CPI, algunas de las cuales incluirán bloquear propiedades y activos, así como suspender la entrada en EE. UU. de funcionarios de la CPI, empleados y agentes, así como sus familiares más inmediatos, puesto que su ingreso a nuestra nación iría en detrimento de los intereses de EE. UU.», señala la orden ejecutiva.
El 21 de noviembre de 2024, la CPI, una organización internacional independiente radicada en La Haya, emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, aludiendo a presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad que perpetraron durante la operación militar de Israel en Gaza.
La firma del documento ocurre en el marco de la visita del premier israelí a Washington, que culminará dentro de dos días y que ha incluido reuniones con altos funcionarios de la Casa Blanca y del Congreso.
Allí, Trump propuso la expulsión del pueblo palestina de la Franja de Gaza y que EE.UU “tome el control” para construir complejos hoteleros. El plan de limpieza étnica fue apoyado por Netanyahu.
La semana pasada, un grupo de representantes demócratas bloqueó un intento de los republicanos para sancionar a la Corte, en represalia por las órdenes de arresto de noviembre del año pasado contra Netanyahu.
Países como Canadá, Colombia, Eslovenia, Irlanda, Países Bajos y Suiza, entre otros, se comprometieron a detener a Netanyahu si llega a poner un pie en sus territorios.
La respuesta de la Corte
Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) condenó la decisión de Trump y se comprometió a seguir impartiendo justicia en el mundo.
«La CPI condena la publicación por parte de Estados Unidos de un decreto destinado a sancionar a sus funcionarios y perjudicar su trabajo judicial independiente e imparcial», declaró en un comunicado la corte con sede en La Haya.
«La Corte apoya firmemente a su personal, y se compromete a seguir impartiendo justicia y a darle esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas aquellas situaciones en que se recurra a ella», añadió la CPI.
GS con información de Xinhua y Sputnik
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