Es la primera provincia que se presentará ante la Corte luego del decreto del Ejecutivo.
Así lo adelantó el fiscal del Estado provincial, Daniel Leiva, a Radio Universitaria: “Ocasiona un impacto en lo económico y una alta fricción institucional con respecto al Gobierno nacional; dispone quitarle el dinero a las provincias y hacerlo ingresar a las arcas de Nación», explicó.
La misma medida se repetiría en otras provincias, donde las Fiscalías de Estado analizan los pasos a seguir. “La mayoría (de las fiscalías) ya ha manifestado la coincidencia con esta idea fuerza de cada uno de salir a proteger los derechos de sus respectivas provincias y municipios», señaló Leiva.
El fiscal de Estado tucumano cuestionó el decreto presidencial al señalar que las sumas del fondo sojero ya están adjudicadas en los presupuestos provinciales.
Los intendentes bonaerenses opositores también recurrirán a la justicia por esa decisión, según anunció el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. «Esta decisión interrumpe obras presupuestadas como escuelas, hospitales, conexión de agua potable, fundamentales para los habitantes de la provincia de Buenos Aires”, indicó.
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