Un acuerdo como en los viejos tiempos

A poco más de 12 años que el entonces presidente Néstor Kirchner saldara la deuda con el FMI, la Argentina volvió a endeudarse con el organismo internacional. En el mismo momento en el que se dio a conocer en la prensa argentina el programa tan esperado, el FMI publicó un comunicado oficial en el cual su directora gerente, Christine Lagarde, señala que «tanto el FMI como el gobierno argentino tienen intención de colaborar para que se tomen las medidas y se activen integralmente los recursos necesarios a fin de proteger a la población más vulnerable a medida que avancen las reformas económicas».

Esta frase merece un breve análisis. La idea implícita detrás de las declaraciones de Lagarde es que habrá efectos negativos en la población argentina. ¿Por qué, si no, sería necesario proteger a los más débiles de las consecuencias del programa presentado a la Argentina?

Las metas de déficit fiscal establecidas implican un ajuste en el gasto público que inevitablemente perjudicará a gran parte de la población. Según manifestó el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en la conferencia de prensa en la que anunció el préstamo «preventivo» por U$S 50 mil millones, será necesaria una reducción del gasto público de 3,8 puntos del PBI entre 2018 y 2020. Al igual que Lagarde, el funcionario argentino se encargó de destacar las «cláusulas de salvaguarda» que se traducen en un relajamiento de las metas fiscales del 0,2% del PBI por año, en caso de que sea necesario aumentar el gasto social.

Este intento de presentar al FMI como un renovado organismo que ahora se encarga de resguardar a los más pobres no deja de ser un eufemismo. En efecto, es imposible concebir un modelo de ajuste al estilo FMI sin perjudicar a los más vulnerables. Son justamente las erogaciones del Estado las que se destinan en su mayor parte a generar bienestar en este sector de la población. El 0,2% del PBI que se le permitiría utilizar al Estado argentino si los monitoreos del FMI así lo concluyen, es tan escaso que se parece a un artilugio retórico para intentar contener el descontento social o, al menos, dejar sentado que «se está haciendo lo que hay que hacer», aunque ello no alcance. En los hechos, no logrará revertir las consecuencias del profundo ajuste que se plantea.

La cuestión no es solamente cuánto se ajusta, sino en dónde se ajusta. Entre 2018 y 2020 se prevé una caída del 13% de los salarios en términos reales, un achique de los gastos de capital (inversión pública) de un 81% (hasta casi extinguirse), las transferencias corrientes a provincias disminuirán un 74% y los gastos totales (sin jubilaciones) caerán un 30%, casi un tercio. Tiene todas las características de un muy fuerte ajuste.

Debido a la «sensibilidad social» del acuerdo, según pronuncian los funcionarios macristas y el propio FMI, entre 2018 y 2020 las jubilaciones crecerían en términos reales un 7 por ciento. ¿Cómo puede ser posible tal aumento si la fórmula jubilatoria ajusta un 70% por inflación y un 30% por los debilitados salarios que derivarán del programa con el FMI?

Volviendo a la intervención del ministro Dujovne al momento de dar a conocer el acuerdo, fiel a las estrategias discursivas del equipo del que forma parte, señaló repetidas veces que «vamos por el camino correcto» hacia la construcción de un país «normal». Por su parte, el presidente Macri aseguró que este acuerdo ayudará a «fortalecer el desarrollo, el crecimiento y la generación de empleo». Expresiones que no difieren demasiado de «lo peor ya pasó» o, más atrás en el tiempo, «estamos mal pero vamos bien». Una vez más, la herramienta de la posverdad juega un rol fundamental en la comunicación oficial.

No obstante, el relato no siempre es homogéneo y se filtran algunas cuestiones espinosas. En la presentación sobre el acuerdo realizada por el Ministerio de Hacienda, se sostiene que «el nuevo sendero de convergencia fiscal permite que el ratio deuda pública a PBI comience a reducirse a partir de 2019», para aclarar a continuación «después de este período de turbulencia la economía volverá a crecer con fuerza». Una confesión impactante: no sólo se espera que continúen las «turbulencias» hasta fin de 2019, sino que recién después de dicho año la economía volvería a crecer con fuerza.

¿Que significará crecer con fuerza para el ministro de Hacienda? Difícil de saberlo. Pero continúa diciendo que este año se crecerá, aunque con menor énfasis luego del anuncio del programa del FMI. Y los datos pueden acompañarlo por una cuestión estadística. El FMI está esperando un crecimiento para este año del 0,4%, terriblemente decepcionante. Pero ese crecimiento significa que de ahora en adelante la economía caerá significativamente. La actividad económica que venía en alza en 2017 (aunque no pudo recuperar lo perdido en 2016) y un crecimiento importante en el primer trimestre de este año, dejan un piso alto. Por eso para llegar a esa estimación de crecimiento económico para todo el año que hace el FMI (+ 0,4%) la actividad económica se achicaría un -3,6% entre el primer y el cuarto trimestre de 2018. Es lo que nos espera. Si tenemos en cuenta la nueva «proyección optimista» del ministro Nicolás Dujovne (+1,4% para todo el año), realizada a partir de la presentación del acuerdo con el FMI, el nivel de la actividad económica debería caer un 1,7% entre el primer trimestre y el último de este año. Es decir, un «crecimiento estadístico» pero que entraña fuertes caídas en la actividad.

Las medidas se sostienen en pos de restablecer «la confianza del mercado». Así lo expresó Lagarde. Sin embargo, parece que la historia nunca termina. A pesar de todas las medidas pro mercado que llevó a cabo el gobierno de Macri, o la colocación del bono a 100 años, la confianza no alcanzó y las inversiones no llegaron. Sólo llegarán cuando los salarios bajen significativamente, los impuestos a las grandes empresas se reduzcan, y entonces se garantice la elevada rentabilidad para los inversores externos o internos. Como sucede con los programas de participación público privada, que funcionan gracias a los elevados beneficios que obtienen del Estado.

En definitiva, la verdadera discusión debe centrarse en las distintas alternativas de políticas que tiene un gobierno y el hecho de que la utilización de unas u otras implica consecuencias muy distintas en los diversos sectores de la sociedad. Según las voces oficiales, acudir al FMI significó evitar una crisis y aseguran que reducir el gasto público es condición sine qua non para disminuir los niveles de endeudamiento. Además del costo social que ello implica, el gran impacto social que tuvieron los fuertes incrementos tarifarios son un ejemplo reciente de ello; también vale la pena destacar que existe la alternativa de disminuir el déficit fiscal incrementando los ingresos. El haber reducido o eliminado las retenciones a los grandes complejos agroexportadores, por ejemplo, significó una importante caída en la recaudación fiscal, al tiempo que se perjudicó a quienes consumen alimentos en el mercado local debido al incremento en sus precios. Claro que la reversión de estas medidas no es tenida en cuenta por los funcionarios de gobierno a la hora de bregar por la «convergencia» fiscal, de acuerdo a las limitaciones de su visión ideológica.

Será la sociedad la que deberá decidir si se continúa con este modelo, o se busca una alternativa que no perjudique a la ciudadanía. Endeudados con el FMI el cambio será más difícil, pero no imposible. «