Un acuerdo por monto récord y con un durísimo ajuste fiscal

El acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional será por un monto de U$S 50 mil millones, mucho más elevado de lo que se mencionaba en un principio. También habrá refuerzos de otros organismos internacionales (BID, Corporación Argentina de Fomento, Banco Mundial) que elevarán el dinero disponible a cerca de U$S 56 mil millones.

El programa, con una vigencia de tres años, fue anunciado esta noche por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, encargados de firmar la carta de intención. La misma será elevada al Directorio de la entidad, que podría aprobarla en su reunión del 20 de este mes. Si así fuera (algo que se da por descontado), un par de días después ya estaría disponible la primera remesa de U$S 15 mil millones. El resto del dinero quedaría en forma precautoria para cuando el gobierno decida utilizarlo.

A cambio, las metas a las que se compromete nuestro país serán durísimas, ya que los recortes fiscales serán mucho más profundos de lo previsto. A partir del año que viene, el déficit primario deberá reducirse a 1,3% del PBI. Será el último año en que el Fondo tolerará números en rojo: en 2020 tendrá que haber equilibrio fiscal y en 2021 un superávit de 0,5% del PBI.

En materia de inflación, las metas hacia las que se orientará el gobierno son de 17% para el año que viene, 13% para el siguiente y 9% en 2021. “Para ello, considerando el actual punto de partida, deberíamos llegar a junio del año que viene con un ritmo de inflación interanual de 20-21%. Si lo logramos, será factible cumplir la meta”, dijo Sturzenegger. El funcionario también dio por muerta la meta inicial de 15% de inflación para 2018: “La mitad del año ya ha transcurrido y la política monetaria influye con cierto rezago, así que comprometer una meta dado el desvío ocurrido en la primera mitad del año no correspondía”.

Los lineamientos anunciados por ambos funcionarios fueron bastante menos rígidos en materia cambiaria, ya que se mantendrá el régimen de tipo de cambio flexible. La flotación será sucia y el BCRA podrá intervenir en el mercado si lo considera necesario: “Un régimen de tipo flotante no significa que nunca se interviene”, dijo Sturzenegger. La novedad para el Central será que se eliminará el financiamiento que otorgaba al Tesoro (previsto en $ 140 mil millones para este año) y que paulatinamente irá rescatando las Lebacs emitidas, que actualmente superan la base monetaria y totalizan $ 1,2 billones. Lo hará con fondos que el gobierno entregará para cancelar las letras intransferibles emitidas durante el kirchnerismo. Algunos de esos cambios serán plasmados en un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA que será presentado en el Congreso.

Aunque el ajuste fiscal será más fuerte de lo que el gobierno había planeado (la diferencia es de $ 570 mil millones durante los tres años que dura el acuerdo), Dujovne insistió en llevar tranquilidad. “Ya venimos bajando el gasto en términos reales en relación al tamaño de la economía, atacando todo lo que no es gasto social. Estamos trabajando en bienes y servicios, transferencias corrientes, subsidios… Yo esperaría la continuidad de eso. Los detalles se van a plasmar en el proyecto de presupuesto”, dijo el ministro, descartando cualquier marcha atrás con la reforma tributaria o con el consenso fiscal con las provincias. También dijo que el Fondo aceptó que el gobierno tenga un margen adicional de déficit de 0,2% del PBI para dedicarlo únicamente al gasto social, si la situación lo amerita: “Se trata de alrededor de $ 30 mil millones, por ejemplo para sostener la Asignación Universal por Hijo. Nos parece muy importante. Son cláusulas de salvaguarda social inéditas”, se ufanó Dujovne.