Un amparo para frenar la cárcel de migrantes

El Colectivo para la Diversidad (COPADI), el Movimiento de Profesionales para los Pueblos y el legislador porteño José Cruz Campagnoli presentaron este viernes un amparo para frenar la instalación de un centro de detención de migrantes en la Ciudad.

El amparo busca anular un convenio firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el ministro de Justicia porteño, Martín Ocampo, y el director nacional de Migraciones, Horacio García.

Allí, el Gobierno porteño le cedió a la Nación un edificio del barrio de Pompeya, propiedad del Consejo de la Magistratura, funcionará como un lugar de detención para personas que cometieron alguna infracción a la ley de migraciones.

Para las organizaciones, esta medida vulnera derechos constitucionales como el acceso a la justicia y la igualdad ante la ley, y llevaría a Argentina a tener la primera cárcel para migrantes de América Latina.

Retroceso. Entre algunos de los argumentos, las organizaciones cuestionan la violación al debido proceso en los trámites de expulsión, al tratarse de detenciones preventivas hasta que la justicia convalide o revoque esa decisión administrativa de la expulsión.

Señalan además que significará “un franco retroceso en los derechos humanos”. “La efectiva creación de un centro de detención de personas migrantes en plena ciudad autónoma de Buenos Aires conlleva una nefasta y especial repercusión para las personas que habitan o transitan en ella”, señala el texto.

Indica además que al ritmo que lleva la administración macrista, este año se superararían las 2500 expulsiones, cifra que aumenta desde 2013 (931). “Si existiera esta cárcel, éstas 2500 personas se verían privadas de libertad de modo preventivo, hasta que la justicia federal se expidiera de forma definitiva sobre sus recursos. A ellos se sumarán los de los años anteriores que no han logrado en el lapso de un año transitar por las dos o tres instancias de la justicia en lo contencioso administrativo y federal”, detalló.

Las organizaciones cuestionan además la legalidad del convenio en sí, ya que el ministro de Justicia porteño no puede ceder el edificio perteneciente al Consejo de la Magistratura ya que se cambia el destino específico del inmueble.

“Esto, sin lugar a dudas, es un acto nulo. Y este acto nulo violó derechos constitucionales”, explicaron.