Un año del Impeachment: esperan fallo para anular el juicio político a Dilma

A un año de la votación del Senado que destituyó a Dilma Rousseff por delitos contra el presupuesto, el abogado y ex ministro de Justicia de la ex presidenta de Brasil espera un fallo de la corte para anular el juicio político y retirar del poder a Michel Temer, a quien acusa de haber instalado la inseguridad jurídica en todos los niveles en el país con su apoyo al impeachment.

«Dilma era una presidenta incómoda para la clase política que la destituyó», dijo el abogado José Eduardo Cardozo, en una entrevista con Télam.

El Supremo Tribunal Federal tiene sobre la mesa una apelación del juicio político fudamentado en que fue una estrategia de desvío de poder del grupo político del presidente Michel Temer para tomar el gobierno y ejercer la defensa ante la Operación Lava Jato desde el Poder Ejecutivo.

Según dijo Cardozo, la antigua oposición y el grupo del entonces vicepresidente Michel Temer «se unieron para derrocar a Rousseff porque ella no controlaba el avance de las investigaciones de la Operación Lava Jato», la investigación anticorrupción que marca la agenda del país desde 2014.

«Aquello que hablábamos se confirmó, lamentablemente. Ningún gobierno surgido de un golpe parlamentario contra la democracia podría sacar al país de la crisis. Es más, la crisis se agravó, tenemos un presidente denunciado por corrupción en el cargo. Dilma fue sacada por una cuestión técnica sin sentido, indebidamente», dijo.

El ex ministro de Justicia de Rousseff fue su abogado en todo el proceso de impeacment iniciado en diciembre de 2015, que contó con la suspensión del cargo el 13 de mayo del año pasado y finalizó con la destitución el 31 de agosto por 61 votos contra 20 por el delito de violar la ley de responsabilidad fiscal.

Cardozo entiende que la corte debe asumir la responsabilidad de votar esta apelación: «Pusimos un mandato de seguridad ante el supremo tribunal que espera juzgamiento. La acusación fue un pretexto jurídico, una situación presupuestaria que todos los presidentes hicieron, una decisión que no es ilegal y ni siquiera es una acción dolosa».

El relator de la apelación es justamente el ministro más aliado de Temer, el reciente ministro de Justicia Alexandre de Moares, ex dirigente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Moraes debe poner a votación de los 11 jueces su decisión sobre si acepta la vuelta de Rousseff por la vía jurídica.
Según Cardoso, el proceso de destittución se inició cuando Eduardo Cunha, del PMDB y aliado de Temer, ganó la presidencia de la Cámara de Diputados. Cunha está detenido acusado de corrupción por el juez Sérgio Moro por intermediar contratos fraudulentos de Petrobras y esconder cinco cuentas en Suiza donde recibía supuestamente las coimas.

«Este proceso está basado en el desvío de poder, en usar el impeachment porque Dilma no quiso proteger a Cunha de las acusaciones. Varios parlamentarios se unieron para separar del cargo a Dilma porque ella no controlaba la Operación Lava Jato. Incluso el senador Romero Jucá (líder del gobierno en la cámara alta), dijo que había que sacar a Dilma para evitar la sangría de la clase política tradicional», según Cardozo.

El abogado sostuvo en su presentación ante la corte suprema que Cunha «tuvo un papel importante, porque Dilma terminó siendo la persona que le impedía desviar dinero público».

«Esto debe ser investigado porque abrió el camino de la tragedia democrática que ocurrió en Brasil», sostuvo.
Rousseff participará mañana en Río de Janeiro de un acto en el cual denunciará a Temer por «golpista» para recordar el primer aniversario de su destitución: ella fue la segunda mandataria apartada del cargo en juicio político, luego de Fernando Collor de Mello en 1992, aunque este por el delito de corrupción.

El abogado de Rousseff dijo que en la doctrina estadounidense «el impeachment equivale a un terremoto político» y en Brasil «al no haber existido delito las instituciones no funcionan, perdieron el rumbo, con una inseguridad jurídica inmensa».

Cardozo defendió a la Operación Lava Jato como mecanismo contra la corrupción pero consideró que el juez Moro «incurrió en una fragilidad jurídica asustadora» al condenar «sin pruebas en el expediente, apenas con convicciones personales» al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y medio de prisión.

Temer asumió el 12 de mayo de 2016 en forma interina y juró como presidente el 31 de agosto. Para Cardoso, la imagen del gobierno de Temer se mantiene desde el primer día en el cual presentó a su nuevo gabinete con la antigua oposición: «no había ni un negro, ni una mujer, mostrando una cara que sólo se agravó con el paso del tiempo».