Se trata de un socio de la familia presidencial que habría puesto 15.000 euros para una fiesta durante una visita oficial a España.

La publicación difundió documentación bancaria que muestra que León Van Parys, dueño de una firma del mismo nombre y socio comercial de la familia Noboa, transfirió 15.000 euros a una cuenta de Verónica Peña, entonces ministra encargada de negocios en la embajada ecuatoriana en España. Ese dinero se utilizó para costear una cena y posterior fiesta en el restaurante japonés Ikigai, en la que —según testigos— el mandatario ecuatoriano gritó: “¡Llévenme de farra!” mientras arrojaba billetes al aire.
Peña habría retirado el efectivo tras recibir un pedido de Noboa, quien alegó haberse olvidado la billetera en Ecuador. La operación fue justificada con el concepto “Advance” (adelanto). Luego, la diplomática transfirió el dinero a otra cuenta de su propiedad bajo el concepto “Devolución DNA”, siglas coincidentes con las del presidente ecuatoriano Daniel Noboa Azín.
El empresario León Van Parys ha sido señalado por prácticas fraudulentas como el uso de certificados falsos de importación de bananas, y su empresa fue sancionada en 2011 por la Comisión Europea por pactos ilegales de precios. En 2022, además, las autoridades aduaneras de Bélgica incautaron dos toneladas de cocaína ocultas en cargamentos de plátanos vinculados a la firma.
Desde El Debate también afirman que el Ministerio de Exteriores español hizo una queja informal a la embajada de Ecuador por el uso de vehículos oficiales con fines privados. Aunque luego la cancillería ecuatoriana negó esa comunicación, el diario publicó que un asesor de Albares confirmó la queja y que se transmitió mediante la entonces introductora de embajadores, María Sebastián de Erice, quien habría advertido: “Que no hagan abuso de los coches… no se pueden ir de copas en coches oficiales”.
Tras la primera publicación del medio español, Peña fue removida del cargo y trasladada como directora de Ceremonial y Protocolo del Ministerio de Exteriores ecuatoriano. Según fuentes diplomáticas, se sintió presionada y utilizada por el entorno presidencial.
La trazabilidad bancaria revelada ahora deja sin sustento el comunicado oficial que había difundido el gobierno de Noboa, donde aseguraba que las denuncias eran “falsas” y que no había elementos para iniciar una investigación. Sin embargo, con las nuevas pruebas, el caso podría ser objeto de causas por cohecho, delitos fiscales y corrupción en España, Ecuador y Bélgica.
En tanto, regresa al país la vicepresidenta electa de Ecuador, Verónica Abad, suspendida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en medio de un profundo enfrentamiento con el presidente.
«Regreso como la vicepresidenta elegida por los ecuatorianos con la frente en alto y el corazón firme. No sé si esta será la última vez que escuchen mi voz, porque desconozco lo que pueda ocurrir al pisar mi propio país«, advirtió Abad en un vídeo publicado en sus redes sociales.
Abad viajó el sábado a Suiza para reunirse con representantes de naciones Unidas para «alzar la voz frente a la violencia política y humana» de la que se considera víctima por parte de Noboa. Antes se encontraba en Turquía, donde fue enviada por el presidente para desempeñar funciones de asesora temporal en la Embajada.
El enfrentamiento entre Abad y Noboa se desencadenó al poco de que este asumiera la Presidencia y tomara la decisión de enviar a Israel a su ‘número dos’ en una misión especial de paz en pleno conflicto en Oriente Próximo. El empeoramiento de la situación le obligó a trasladar a Turquía a una Abad que ha denunciado ser víctima de «acoso político».
Abad fue condenada por violencia política de género en una sentencia que le apartó del escenario institucional. Sin embargo, la vicepresidenta ha recurrido los hechos hasta que finalmente en marzo el TCE determinó que la suspensión de dos años de los derechos políticos implicaba su inmediata inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En este contexto, Noboa nombró por decreto a Cynthia Gellibert como «vicepresidenta encargada» al considerar que la suspensión de Abad dejaba una «ausencia temporal» en el cargo. Sin embargo, este decreto en plena campaña electoral fue declarado como inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
BB con NA y Europa Press
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