Crudo informe de las autoridades sobre un caso que conmovió a ese país. Los acusados son miembros de un grupo contra el crimen organizado.
El documento estableció que existen «serios indicios sobre la existencia de una agrupación irregular» compuesta por un comandante y siete suboficiales, según las conclusiones de la comisión investigadora creada en el Ministerio del Interior tras conocerse las denuncias en medios de comunicación.
El informe fue presentado por el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, a cargo de la comisión investigadora creada por el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien semanas atrás bautizó a este grupo como un «escuadrón de la muerte». Vargas explicó que el comandante y los siete suboficiales identificados integraban el Grupo Especial de Inteligencia contra el Crimen Organizado (Geico), ubicado dentro de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía y a cargo de un coronel que actualmente fue ascendido a general.
El viceministro indicó que su investigación se basó en seis intervenciones policiales organizadas sobre información de inteligencia deliberadamente alterada por los miembros del Geico, con la probable venia del ahora general. «En todos los casos, los documentos por medio de los cuales se requirió la ejecución de las intervenciones fueron preparados en base a la descripción de hechos irreales o a la identificación de personas que no reunían las características o antecedentes criminales consignados», indicó Vargas.
«Once de los veinte supuestos delincuentes abatidos no tenían antecedentes o requisitorias que justificaran ser los objetivos de intervenciones policiales», agregó. Otros informes apuntaban a un inminente secuestro de un empresario, pero la hipotética víctima no se encontraba en el lugar de los hechos cuando estos se produjeron, señaló EFE.
Vargas no especificó las fechas en las que ocurrieron esos operativos, pero precisó que el comandante al mando del Geico obtuvo seis condecoraciones por acción distinguida entre 2012 y 2014. El viceministro explicó que las irregularidades fueron denunciadas por el comandante Francisco Moreno ante la Inspectoría General de la Policía, quien derivó sus averiguaciones al tribunal de disciplina policial, donde los informes permanecieron diez meses sin ningún avance, cuando debían haber durado dos como máximo.
Vargas dijo que «esa dilación tendrá que ser investigada porque es absolutamente rechazable, indebida, injustificada e inadmisible», ya que para entonces los hechos ya estaban suficientemente acreditados.
El informe ya fue derivado a la Fiscalía para que haga las imputaciones penales que considere y el Ministerio del Interior divulgará en los próximos días otro documento que establece las sanciones administrativas y disciplinarias a los implicados.
Un colaborador, que presuntamente reunía a los delincuentes que iban a ser emboscados, declaró hace tres semanas al programa televisivo Cuarto Poder que el comandante «organizaba todo, ganaba así su ascenso y felicitaciones por parte de sus jefes», mientras que los ejecutores obtenían dinero.
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