Un festival en el Conti para resistir el cierre y los despidos en Derechos Humanos

En el marco de las políticas de ajuste que lleva adelante Mariano Cuneo Libarona en el ministerio de Justicia, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, avanzó en estos días con su recorte de las políticas de memoria. 

El último día del año, el funcionario decidió el cierre, por ahora temporal, del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y dispensó a todos sus trabajadores y trabajadoras de concurrir durante enero. Prometió, además, reestructurar el centro cultural para “abordar otras problemáticas de derechos humanos” y ya no sobre el terrorismo de Estado. 

Para resistir estas decisiones, este sábado a las 18 se realizará un festival en el Centro Cultural Conti con  la consigna “Una memoria que ARDE, El Conti en guardia”. “Nos mandaron a vivir el fuego de enero en casa y vamos a hacerles caso. Por eso, este sábado 4 de enero nos encontramos en la puerta del Conti con las velas encendidas”, señaló el comunicado de los trabajadores nucleados en ATE.

“Convocamos a nuestra comunidad hermosa, digna, beligerante -la que hizo de este gran escenario fuerza, transformación y libertad de la de verdad- a acompañarnos. Traigan sus palabras, sus acordes, sus máscaras, sus poemas, su intensidad, su malestar, su alegría. Traigan el corazón prendido fuego, clavado en un cuchillo, con las raíces a la intemperie”, sostuvo la convocatoria y cerró: “Que la memoria arda, que la historia continúe, que el Conti siga de pie”.

La convocatoria se difundió luego de una masiva asamblea realizada en la sede de la Secretaría en el Espacio Memoria ex ESMA en la que participaron trabajadores de todas las áreas así como referentes de derechos humanos y sindicales. Este viernes a las 11, además, se realizará una misa en la puerta de la Secretaría a cargo del padre Toto Vedia.

Memoria completa

La decisión de Baños de cerrar el Conti no es casual: viene en línea con su gestión en la que sólo realizó despidos y desfinanció buena parte de los programas que la Secretaría llevaba a cabo desde hace años. 

Las pocas definiciones que dio sobre derechos humanos apuntaron a cuestionar a organismos de derechos humanos, en línea con la “memoria completa” que propone la vicepresidenta Victoria Villarruel, como lo sostuvo en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

“El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo pero la memoria es para todas las víctimas más allá de quien haya perpetrado, sin excusas sin banderas. Las señoras que hoy participaron de la audiencia, uno puede tener empatía por lo que vivieron pero no las puede convertir en directoras de la políticas públicas a más de 40 años. Seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido su vida y hayan sido víctimas, pero el gobierno también está respetando la memoria de aquellos que han sido víctimas del accionar terrorista”, dijo Baños sin tapujos al defenderse de la acusación de organismos argentinos. 

Con esa mirada, Baños habló con la Nación sobre sus planes para el centro cultural, creado en 2008 en homenaje al escritor desaparecido Haroldo Conti, y aseguró que cuando se reabra, no se centrará exclusivamente en el periodo de la última dictadura militar y el terrorismo de Estado, sino que abordaría otras problemáticas de derechos humanos en democracia.  

Retiros involuntarios 

“No vamos a cerrarlo, sino a reestructurarlo. Hay personal que no adhirió al acuerdo [de retiro voluntario, que se hizo dos meses atrás] y no sigue, y otros que adhirieron al acuerdo y no aceptaron el ofrecimiento que se les hizo. U otro que adhirió el acuerdo pero no se considera imprescindible que siga, es decir que hay que hacer una reestructuración general de las distintas aéreas que integrarán el Centro. Para eso se lo cierra, para facilitar esa tarea el armado de los nuevos equipos y definir la grilla de actividades para el año”, aseguró el ex juez a La Nación.

El “retiro voluntario” que menciona tiene poco de voluntario. Todas las personas contratadas por el Ministerio de Justicia a través de Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que representa la mitad de la planta, casi 3000 personas, fueron presionadas a adherir al retiro y quienes no lo hicieron ya no pudieron ingresar a sus puestos de trabajo este jueves 2 de enero. Quienes firmaron, en cambio, recibieron la promesa de ser nuevamente empleados con un contrato por un año. 

En la Secretaría de Derechos Humanos, en la que trabajan unas 800 personas, el ajuste involucra a más de 600 personas. En el Conti en particular, más de la mitad de la planta de casi 90 personas también tenía contratos de ACARA. Lo mismo ocurre en tantas otras áreas de la Secretaría, como el área de Sitios de Memoria, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), Leyes Reparatorias y el Archivo Nacional por la Memoria. 

Este jueves, un grupo de policías que hace tareas de seguridad en el predio fue el encargado de recibir con un listado en la puerta de la Secretaría y filtrar el ingreso con una lista de quienes no podían pasar. La lista contenía unos mil nombres de personas de todo el Ministerio de Justicia que no firmaron el retiro o que sí lo firmaron pero se decidió que no continúen contratadas.