El caso está en manos de Robert Mueller, quien ya dirigió el FBI y cuyo director fue despedido en mayo.
¿Donald Trump obstruyo a la justicia en el caso sobre Rusia? Esta pregunta forma parte desde ahora de la investigación del fiscal especial que dirige la indagatoria sobre la presunta injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, afirmaron medios locales.
El fiscal independiente Robert Mueller, exjefe del FBI, interroga actualmente a altos responsables de inteligencia para determinar si el presidente intentó frenar o bloquear la investigación que se desarrollaba sobre esa injerencia, así como la existencia de una posible colusión entre allegados de Trump y Rusia, según el Washington Post, que cita fuentes anónimas.
El hecho de ampliar el campo de la investigación representa «un giro mayor» a este caso, subraya el Washington Post, que afirma además que los investigadores están a la búsqueda de potenciales delitos financieros entre los colaboradores del multimillonario republicano.
El periódico New York Times publicó las mismas informaciones, citando a fuentes cercanas a la indagatoria.
El fiscal Mueller habría solicitado entrevistas con cinco importantes funcionarios de los servicios de inteligencia, de los cuales tres aceptaron el pedido. Se trata de Daniel Coats, director nacional de inteligencia, Mike Rogers, director de la agencia de espionaje NSA, así como su ex adjunto Richard Ledgett.
Esas entrevistas podrían tener lugar esta semana, según el Post.
Siempre según el periódico, Mueller se interesa particularmente en un intercambio que tuvo lugar el 22 de marzo entre Coats y sus colaboradores.
El director nacional de inteligencia habría dicho entonces que Trump le había pedido que interviniera ante James Comey, en ese entonces director del FBI, para que abandonara la investigación sobre el exconsejero de seguridad nacional de la Casa Blanca Michael Flynn, en el centro de la indagatoria sobre la supuesta colusión entre Moscú y el entorno del presidente de Estados Unidos.
Unos días más tarde, Trump les pidió a Coats y Rogers que declararan públicamente que no existía ninguna prueba de colusión entre su campaña electoral y Rusia, a lo cual los dos hombres se habrían negado, según el periódico.
«Reconozco que tuvimos una reunión con el fiscal especial», afirmó por su lado el senador demócrata de la comisión de inteligencia, Mark Warner, confirmando que Mueller ha dado cuenta a los senadores sobre la marcha de su trabajo.
«La filtración de información del FBI que concierne al presidente es escandalosa, inexcusable e ilegal», reaccionó el abogado de Trump, Marc Kasowitz, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.
«Filtraciones ilegales»
La presidente del Comité nacional del Partido Republicano, Ronna McDaniel, dijo por su parte que las informaciones del Washington Post eran infundadas y que «no cambian nada».
«Aún no hay ninguna prueba de obstrucción, y los responsables actuales y pasados de los servicios de inteligencia han dicho en reiteradas ocasiones que no ha habido ningún esfuerzo para bloquear la investigación de ninguna manera. El único crimen aquí, son las continuas filtraciones ilegales», señaló McDaniel en un comunicado.
Trump, cuya joven presidencia ha estado envenenada por la sombra de este asunto, se congratuló la semana pasada de las declaraciones de James Comey, el exjefe del FBI a quien despidió de su cargo a principios de mayo. Comey afirmó durante un testimonio ante una comisión del Senado que el presidente no estaba siendo investigado por la policía federal en el marco del tema ruso en la época en que él se encontraba a cargo de ese departamento.
Según las fuentes del periódico, «la investigación sobre el presidente por obstrucción a la justicia comenzaron unos días después de que Comey fuera despedido el 9 de mayo».
Mueller fue designado fiscal especial para garantizar la independencia de la investigación la semana siguiente, el 17 de mayo.
Según el código de Estados Unidos, que reúne el conjunto de leyes federales del país, «quienquiera que intente, de forma corrupta, (…) influenciar, trabar o impedir la buena administración de justicia, debe ser castigado». El delito es pasible de una pena de prisión que no exceda los cinco años.
Los expertos estiman poco probable que el departamento de Justicia tome la iniciativa de inculpar a un presidente en ejercicio, inclusive si la investigación de Mueller concluye que hubo obstrucción de justicia por parte de Trump. Pero esa eventualidad presionaría al Congreso, de mayoría republicana, para poner en marcha un procedimiento político de destitución («impeachment») contra el mandatario.
Los procedimientos de impeachment llevados a cabo contra los presidentes Bill Clinton en 1998 y Richard Nixon en 1974, se basaron en ambos casos en acusaciones de obstrucción a la justicia.
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