Un insumo clave para ampliar derechos

Hasta ahora, el misoprostol estaba aprobado por ANMAT para el tratamiento de la artritis reumatoidea combinado con diclofenac, producido por un solo laboratorio (Beta), y desde 2010, para uso obstétrico/ginecológico para inducción del parto en bajas dosis, sólo en el ámbito institucional y hospitalario. Está demostrado que aumentando la disponibilidad del fármaco y la información sobre su uso en consejerías dentro y fuera del sistema de salud, podría reducir la mortalidad materna y las complicaciones por abortos inseguros de las personas gestantes.

Queda pendiente que se apruebe el uso y producción de la mifepristona, un medicamento recomendado para realizar las interrupciones de embarazo.

Es un avance mejorar la disponibilidad y accesibilidad a los medicamentos abortivos para garantizar el derecho a decidir de las personas y, sobre todo, el derecho a la salud.

Actualmente, el costo del misoprostol es muy elevado y en muchos lugares las farmacias no lo comercializan. Junto con la mifepristona fueron declarados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como medicación esencial. Esto implica el involucramiento del Estado para garantizar su acceso. Las personas cotidianamente se encuentran con múltiples barreras para garantizar su derecho a la salud, y mucho más para poder interrumpir un embarazo: conseguir turnos, encontrar profesionales que acompañen las decisiones, conseguir el recurso económico para acceder a la medicación. Poder facilitar el acceso a esta medicación es dar legitimidad a una práctica que es legal en el país desde 1922. Es ampliar derechos. «

*Integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.