Un juicio imprescindible

La puesta en marcha de un juicio a la Corte Suprema, prevista en la Constitución Nacional, está avalada para lo que significa el ideal de justicia. La actitud de sus integrantes, particularmente Horacio Rosatti, con respecto a la política argentina, hoy día, con el enorme atentado que significó al país, a la democracia, a la república, el contubernio demostrado de ese presidente de una de las instituciones, con uno de los partidos políticos en dos de los temas fundamentales de este año, habilitan no solamente el derecho sino la vieja entidad de realizar este enjuiciamiento. Resulta imprescindible que se realice este Juicio.

Los bochornosos diálogos mantenidos por Silvio Robles (que no podemos dudar es la voz de Rosatti) y Marcelo D’Alessandro (que no podemos sostener una rendija de sospecha de que es, al mismo tiempo, el pensamiento de Horacio Rodríguez Larreta), es decir, un bochornoso diálogo entre el mismísimo presidente de la Corte Suprema y uno de los candidatos a presidente por parte de la ultraderecha argentina, son plenamente demostrativos de una relación que hiere profundamente a la República. Si este no es un motivo para que haya un juicio, debería eliminarse el sentido del mismo de la Constitución Nacional. Sacar de cuajo ese artículo 53 o modificarlo. Pero mientras no se haga, se manifiesta allí, claramente, la posibilidad de llevar a juicio político al presidente de la Nación, al vice, a los senadores, a los integrantes de la Corte Suprema.

Cuando uno ve que esto está resuelto y avalado por la propia Constitución, lo que debe preguntarse es cuándo sino, los jueces supremos ameritan un Juicio de esta envergadura. ¿Puede haber una ocasión que sea más justa que esta que se ha presentado ahora? ¿Qué puede ser más grave que lo que le ha hecho de daño a la democracia y a la República, justamente el órgano que no tiene nada que ver con la democracia porque no es electo por el pueblo? Ellos tienen que ver con la República y a ella le han clavado un puñal en el corazón.

Porque no hay República si no hay Estado de Derecho. Y no hay Estado de Derecho si la Corte Suprema está de fraude con uno de los partidos políticos que sostiene el valor que debe sustentar a la democracia.

Por consiguiente, en el lugar de los diputados que presentan el juicio, a unos les resulta muy fácil encontrar los argumentos necesarios y adecuados. Pueden perfectamente recorrer el camino que nos permitimos en estas líneas.

La pregunta es: ¿qué pueden hacer los que defienden a Rosatti? ¿Qué pueden esgrimir los que se refugian en los intereses del Grupo Clarín y de Héctor Magnetto? Porque esa mafia y su conducción son los que, fundamentalmente, están detrás de todas las maniobras fraudulentas cometidas por la Corte Suprema. Particularmente la retención de las cautelares que le han permitido a ese descomunal poder mediático, entre 2018 y 2022, robar decenas, acaso cientos de miles de millones de pesos de los bolsillos de los argentinos.

Lo que deben decir los que los defienden, entonces, es: «Nosotros no queremos el juicio porque no nos conviene». Es todo lo que deberían reconocer. Porque, además, si tuvieran razones, simplemente tienen que ponerlas sobre la mesa.  De eso se trata un juicio. Hay un acusador y un defensor. Ese sería el papel que se pueden reservar los integrantes de la bancada opositora. Pero no arrogarse el derecho de decir que el juicio no tiene sentido, que no se puede hacer, que es atacar a la democracia y un cúmulo de otras sandeces. 

Este juicio es exactamente lo contrario: equivale a defender a la democracia.

Por lo tanto, lo que vendrá en los próximos días es una pulseada entre los que todavía tienen interés en respetar la República y los que desprecian esos valores. Y desde el poder político se amparan en el poder real al que representan, cuando no son lacayos. Usan justamente eso para devastar al poder político.

Ese poder que está sosteniendo a una Corte Suprema que ha hecho todo tipo de trampas. Entre otras, con el tema de la coparticipación entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional. Sacaron un número del dinero que debe recibir la Capital que no se sabe de dónde procede, que no tiene ni pie ni cabeza. Un verdadero invento. Una manera de darle la razón a Rodríguez Larreta pero que no tiene sustento, ninguna justificación válida para hacerlo.

Otro tema es el Consejo de la Magistratura. A Rosatti no le alcanzó levantar la mano y votarse como presidente, no le alcanzó haber atacado una vieja ley para entronizar a otra que estaba en desuso, sino que además prepara al partido político opositor para que actúe a su exclusivo favor en el Consejo, donde está la espina dorsal del sistema judicial, porque es donde se eligen a los jueces y se los juzga. Ahora está exclusivamente en manos de un partido político absolutamente afín. Definitivamente todo el poder para las mismas manos. Son ellos mismos y dependen directamente del presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Los defensores del poder real piensan que el Juicio es inconveniente, no porque lo vayan a perder, sino porque todo lo que se va a escuchar, los discursos que van a resonar cuando el proceso esté en marcha –espero que sea televisado–, van a marcar que (si tienen un mínimo de decoro, cosa de la que dudo), Rosatti y los demás integrantes de ese tribunal que da espanto, deberían irse por su cuenta. De forma particular, el presidente, que es una auténtica vergüenza, una persona que no puede sostener un instante su condición de integrante de un Tribunal de Justicia. Mucho menos de la Corte.