Un peligro anunciado

Los lectores de Tiempo Argentino supieron que el gobierno se proponía incorporar militares a tareas de seguridad interna en julio de 2016. El recordatorio no es jactancia por la primicia, sino una muestra de que todo lo que ejecuta el gobierno responde a un plan diseñado por y para los poderes establecidos.

El proceso de “reorganización» (sic) de las Fuerzas Armadas que se oficializó esta semana comenzó a ejecutarse apenas Mauricio Macri accedió a la Casa Rosada. En enero de 2016, mientras cursaba el segundo mes de mandato, el presidente firmó el decreto 228/16 que declaró la Emergencia de Seguridad. La norma habilitó el derribo de aeronaves no identificadas, previo trámite de dar una voz de alto, y ordenó rediseñar el “operativo escudo norte”, que hasta entonces preveía que los militares pudieran ofrecer un acotado soporte logístico a las tareas de control de fronteras.

En ese decreto fundacional también quedó plasmada la excusa que luego serviría para justificar la reinserción de las Fuerzas Armadas en seguridad interna: “Que la problemática del narcotráfico no sólo afecta a la salud y la seguridad ciudadana, sino que importa una violación a la soberanía nacional en tanto se trata de un crimen cuya naturaleza es claramente transnacional”.

Tanto el decreto 228 como el programa que esta semana presentó Macri replican de modo casi textual un viejo proyecto elaborado por la Fundación Pensar, presentado en 2011 al Congreso por la entonces legisladora Gabriela Michetti. “Hoy en día los enemigos de los estados son el terrorismo, la narcoguerrilla, los movimientos separatistas, la piratería, etc. (sic). Los nuevos enemigos -sostenía la propuesta de ley-, hasta hace poco más de una década eran aquellos para los cuales se entrenaban los miembros de las fuerzas de seguridad, pero que rara vez fueron combatidos por las fuerzas armadas. Las amenazas que estos conflictos implican en la actualidad para las naciones, son de tal magnitud que deben ser consideradas materia propia de la defensa nacional”.

El parecido con las palabras que el presidente pronunció esta semana no es casualidad: el PRO siempre se propuso remilitarizar la seguridad interna, rompiendo con uno de los pocos consensos interpartidarios desde la recuperación de la democracia. Si no lo hizo antes fue, entre otras cosas, porque temía el impacto que esa decisión podía tener en sus socios radicales, presuntamente consustanciados con el legado de Raúl Alfonsín. Pero hace tiempo que al presidente no le importa lo que opinan sus socios menores. Y hace tiempo, también, que el radicalismo enterró las banderas de Yirigoyen, Alem y Alfonsín.

Suelto del lastre radical, con la crisis económica mordiéndole los talones y el escándalo por los aportes, el gobierno busca retomar la iniciativa política activando lo más rancio de su programa original.

Lo que en su momento el periodismo del establishment denominó “campaña de miedo” era, quedó claro, un bitácora precisa de lo que haría el gobierno del PRO. Todo lo que ocurre responde a un plan de acción ejecutado, eso sí, con asombroso amateurismo, mala praxis y déficit de gestión.

Pero que el “mejor equipo en los 50 años” haya resultado ser un fiasco no le resta peligrosidad. La decisión que incorporar soldados a la “lucha” contra delitos comunes es un ejemplo de eso: en México y Brasil, por caso, la experiencia espiralizó la violencia, amplió e incrementó los niveles de corrupción y se multiplican los crímenes ejecutados por el Estado.

En “el mundo”, como gustan comparar los funcionarios macristas, el uso de la fuerza bruta para perseguir delitos complejos es un fracaso rotundo. Pero es evidente que el gobierno no tiene margen para regirse por esos antecedentes: como ocurre en otras áreas de gestión -como la economía, intervenida por el FMI- Macri implementa políticas diseñadas desde el exterior. En este caso, por el Comando Sur, la división que ejecuta el injerencismo militar estadounidense en América Latina.

No es un secreto que el gobierno argentino tomó como propia la agenda que el Departamento de Estado tiene para la región. De hecho, los ministros encargados de llevar a cabo las nuevas normas -Oscar Aguad (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad)- recibieron instrucciones en persona, durante la visita que en febrero realizaron a la sede del Comando Sur. El convenio, claro, también involucra negocios bien remunerados, como la compra de insumos y pertrechos aptos para ejercer la represión de delitos complejos, crímenes simples y/o el conflicto social. Lo que el patrón guste mandar.

La combinación de retrocesos sociales y negocios concentrados es uno de los rasgos predominantes de la gestión macrista. Nada nuevo: desde que la Argentina es un país, los gobiernos de la elite gestionaron el gobierno en beneficio propio. Y tarde o temprano, recurrieron a las bayonetas para contener el previsible estallido social. La “derecha moderna y democrática”, parece, fue un espejismo breve que esta semana se terminó de evaporar.