Un período de gracia, a cambio de una fuerte reducción del déficit y de la emisión

El «entendimiento sobre políticas clave» para un acuerdo con el FMI que anunció el gobierno se dio a conocer al filo del vencimiento de U$S 713 millones, cuyo incumplimiento hubiera alterado sensiblemente los términos de la negociación.

Los anuncios, en rigor, se limitan a un acuerdo de postergación de los vencimientos por un período de cuatro años, acompañados de un compromiso de reducción del déficit fiscal en un sendero de dos años y medio, para llevarlo en 2024 al 0,9% del PBI. Para ese año, está pautado el mayor esfuerzo fiscal.

Uno de los puntos que demoraron el acuerdo en la última semana -si el déficit cero que reclama el organismo se alcanzaría en 2025 o 2026- simplemente se omitió y, con seguridad, quedará sujeto primero a la letra chica que se irá deslizando en las próximas semanas, cuando -como adelantó el ministro Martín Guzmán- se conozcan los términos de los memorándums técnicos y, luego, a las revisiones que a partir de ahora se irán sucediendo cada tres meses. Serán diez misiones consecutivas por un período de 30 meses, de las que dependerá cada uno de los desembolsos pautados.

Desde el punto de vista técnico, se anunciaron avances para sellar un nuevo crédito de facilidades extendidas que abarque un período de diez años, por un monto idéntico al vigente y que permitirá obtener los desembolsos para, de manera acompasada, saldar los vencimientos de capital e intereses ya pautados en el acuerdo anterior. Es la forma técnica mediante la cual se pudo plasmar un período de gracia en los pagos, sujeto al cumplimiento de un programa de reducción del déficit fiscal y de la emisión monetaria, bajo estricta supervisión de los técnicos del organismo.

A partir de allí, habrá que hacer frente a los vencimientos en términos de capital e intereses cuyo perfil aún se desconoce pero que, se descuenta, no implican ni una quita de capital (no admitida en el estatuto del FMI) ni una condonación de las sobretasas que el organismo aplica sobre la Argentina y que había sido una de las aspiraciones del Palacio de Hacienda cuando encaró la negociación.

Así las cosas, el primer desafío para el gobierno será el de llevar el déficit fiscal de este año hasta los 2,5 puntos del PBI. El proyecto de Presupuesto 2022 que rebotó en el Congreso preveía que fuera del 3,3%. Para eso, deberá reducir un punto con relación a lo ocurrido en 2021 sin contar con el impuesto a las grandes fortunas que, el año pasado, aportó el equivalente al 0,5% del PBI.

El ministro Martín Guzmán adelantó que aspira a lograrlo sin ajustar el gasto público, sino a partir de una suba de los ingresos tributarios derivados de un mayor crecimiento económico y de una reducción de la evasión fiscal. De esa forma, no deberían esperarse más alteraciones en el sistema tributario que las que surjan del consenso fiscal, que tratará en las sesiones extraordinarias y que implican esencialmente un incremento de ingresos brutos y no un gravamen a los grandes contribuyentes. Además, aseguró que habrá margen para incrementar la inversión pública, con el propósito de mejorar la productividad y, de esa forma, inducir un mayor crecimiento.

La apuesta resulta optimista máxime cuando, para descomprimir el mercado cambiario, el entendimiento contempla la garantía de ofrecer tasas de interés reales positivas que, con una inflación proyectada en más de un 50%, implica intereses que podrían desalentar la inversión productiva. En el mismo sentido, operará la suba de tarifas energéticas que, de una u otra manera, está incluida en el acuerdo a partir del compromiso de reducir subsidios para descomprimir el déficit fiscal.

Allí, se puso de manifiesto un contrapunto entre el ministro Guzmán, que aseguró que se mantendrá el sendero tarifario ya pautado, y el comunicado del Fondo, que insistió en la necesidad de acelerar el proceso que, desde la visión de sus técnicos, implica una suba en términos reales de un 180% en las tarifas. Nuevamente, la realidad se conocerá cuando se plasmen los memorándum técnicos en elaboración o en las negociaciones permanentes que se sostendrán en las revisiones.

En boca del ministro Martín Guzmán, el acuerdo no incluye el reclamo de un shock devaluatorio y se mantendría el sendero de minidevaluaciones capaces de mantener relativamente fijo el tipo de cambio real. Con todo, el titular de Hacienda no aclaró de qué forma se espera que se reduzca la brecha con los tipos de cambio paralelos que reclaman los técnicos del organismo y, a la vez, se incrementen las reservas del BCRA.

El compromiso, evidentemente, parte de una consideración común acerca del impacto desorganizador en materia inflacionaria que generaría un shock cambiario, a la vez de una valoración positiva acerca de la actual competitividad de la moneda, expresada en el holgado superávit comercial registrado en 2021 y, sobre todo, en el costo laboral y previsional que, medido en dólares a la cotización oficial, ya sufrió una rebaja de alcance histórico que lo llevó a menos de la mitad en un período de apenas cinco años.

Posiblemente, es por ese motivo que el organismo omitió su histórico reclamo de avanzar en una reforma previsional y laboral, sobre el cual, de todas formas, podría volver en cualquiera de las revisiones técnicas pautadas en los próximos años, si es que el contexto dificulta alcanzar los objetivos fiscales y monetarios comprometidos.

El equipo económico también deberá cumplir con una reducción de la emisión monetaria, para llevarlo desde el actual 3,7% del PBI a un 1% este año; a un 0,6%, en 2023, y a cero, en 2024, condicionando sensiblemente el margen para desplegar políticas sociales e incluso las de estímulo a la producción.

En definitiva, en una negociación signada por la amenaza de default y con las reservas del BCRA al límite, el gobierno consiguió algo de aire para soslayar los próximos vencimientos y dejar el grueso del ajuste fiscal y monetario para la próxima gestión presidencial, que también deberá encarar el pago contante y sonante de gran parte de la deuda y sus intereses.

Si la promesa del gobierno de afrontar la austeridad fiscal con crecimiento podrá cumplirse o resultará retórica, se irá revelando en los próximos meses, ahora sí, con la mirada omnipresente de los funcionarios del FMI.